La Provincia dispuso las cesantías de dos empleados públicos que acumularon hasta diez meses de ausencias injustificadas durante 2024. Trabajaban en el Ministerio de Gobierno, Mujeres y Derechos Humanos y en la Subsecretaría General. También ordenaron investigar si cobraron sus salarios durante esos períodos.
El Gobierno de Neuquén dispuso la cesantía de otros dos empleados de la Administración Pública provincial por acumular meses de ausencias injustificadas durante 2024. Las desvinculaciones fueron oficializadas mediante los decretos 1887 y 1888 de 2026, firmados por el gobernador Rolando Figueroa.
Además de disponer los despidos, el Ejecutivo ordenó revisar las liquidaciones salariales para determinar si ambos agentes cobraron sus haberes durante los períodos en los que no prestaron servicios. En caso de comprobarse pagos indebidos, la Fiscalía de Estado deberá intervenir para gestionar la recuperación del dinero.
Quiénes son los dos estatales despedidos en Neuquén
Uno de los casos corresponde a Marcelo Luis Reyna, quien se desempeñaba como empleado de planta permanente del Ministerio de Gobierno, Mujeres y Derechos Humanos.
A través del decreto 1888, el Ejecutivo determinó su cesantía luego de comprobar que no se presentó a trabajar entre el 2 de enero y el 31 de octubre de 2024. En total, acumuló diez meses consecutivos de ausencias.
Según consta en la documentación administrativa, durante ese período no presentó certificados médicos ni tramitó licencias que justificaran sus inasistencias.
La Junta de Disciplina consideró que el agente incurrió en abandono de cargo, una falta administrativa que puede derivar en la separación definitiva del trabajador de la Administración Pública provincial.
Por el lado de Emanuel Antonio Ibarra, su desvinculación quedó establecida mediante el decreto 1887 de 2026, después de comprobarse que faltó a su puesto laboral entre el 2 de mayo y el 30 de agosto de 2024. En este caso, las ausencias injustificadas se extendieron durante cuatro meses consecutivos.
Durante el sumario administrativo, fue citado a declarar y reconoció las inasistencias que se le atribuían.
La Junta de Disciplina también cuestionó su comportamiento durante el procedimiento. Según el expediente, el agente mostró una actitud de indiferencia y desinterés frente a sus obligaciones laborales y las necesidades del organismo en el que se desempeñaba.
El Gobierno investigará si cobraron los salarios durante los faltazos
Las dos cesantías incluyen una medida adicional: la revisión de los haberes que percibieron los empleados durante los períodos en los que no asistieron a trabajar.
Los decretos instruyeron al Ministerio de Economía a verificar las liquidaciones salariales correspondientes a esos meses y establecer qué importes fueron efectivamente abonados.
Si se confirma que los agentes cobraron sus sueldos pese a no haber prestado servicios, se habilitarán los mecanismos correspondientes a través de la Fiscalía de Estado para reclamar la devolución del dinero.
La documentación administrativa señala que esos eventuales pagos configurarían un enriquecimiento sin causa en perjuicio de la Administración Pública provincial.
Por el momento, la medida ordena investigar y determinar los montos. Esto significa que la eventual devolución de los salarios dependerá del resultado de esa revisión.