La política de tolerancia cero del gobierno provincial continúa con fuerza en la gestión del gobernador Rolando Figueroa, con despidos en el Estado neuquino por incumplimientos o delitos.
El lunes 21 de septiembre se conoció que echaron a tres nuevos empleados estatales, serían un narco y dos ahora ex policías que acumularon días de arresto por incumplimientos.
Uno de los despedidos fue identificado como Jonathan Alberto Muñoz, parte de la planta permanente de la subsecretaría de Niñez y Adolescencia dependiente del ministerio de Trabajo y Desarrollo Humano.
La Provincia esperó que quedara firme la sentencia condenatoria del 16 de julio de 2025 para poder despedirlo de sus funciones gubernamentales. La causa estaba caratulada como “M (…); Muñoz Jonathan Alberto s/infracción ley de estupefacientes” y fue declarado culpable del delito de comercio de estupefacientes.
A partir de esto el ex estatal deberá cumplir una pena de cinco años de prisión efectiva.
En el decreto de cesantía expresaron que “se encuentra acreditado que entre el 22 de abril y el 12 de junio de 2025 (…) comercializó clorhidrato de cocaína y marihuana desde su domicilio en el Barrio Valentina Norte Rural”, de la ciudad de Neuquén. La baja se aplicó en forma retroactiva, al 4 de agosto de 2025.
La condena llevó a que se configurara la causal objetiva de pérdida del derecho a la estabilidad laboral, a raíz de lo establecido tanto en el Convenio Colectivo de Trabajo como en el Estatuto del Personal Civil de la Administración Pública de la Provincia del Neuquén (E.P.C.A.P.P.)
Dos ex policías despedidos por días de arresto
El segundo despido fue al ex cabo primero Juan Javier Tranaman, a quien le constataron incumplimientos al Reglamento del Régimen Disciplinario Policial, al Reglamento de Actuaciones Administrativas Policiales y a la Ley Orgánica y de Personal de la Policía de la Provincia del Neuquén.
El 3 de marzo de 2026, la Jefatura de Policía le solicitó al Ejecutivo la destitución por cesantía. Fundamentó su pedido en que el efectivo policial registró un total de 75 días de arresto policial, por distintas indisciplinas cometidas entre el 4 de julio y el 18 de noviembre de 2025.
Las normas en vigencia establecen que la “acumulación de sanciones con más de 60 días de arresto o 20 días de suspensión en el lapso de un año, será considerada causal de cesantía”.
El último despido fue al ex cabo primero Marcelo César Ortega, por incumplimiento a las mismas normas que el anterior suboficial. El 4 de noviembre de 2025, la Jefatura de Policía solicitó su destitución, debido a que acumuló un total de 63 días de arresto policial, en el período comprendido entre el 7 de agosto y el 15 de octubre de 2025.
El ahora ex suboficial interpuso recurso administrativo contra una de esas sanciones, pero la pretensión fue rechazada y deberá cumplir con lo establecido.
