En el marco de su política de tolerancia cero contra la corrupción y los ñoquis en el Estado, el Gobierno de Neuquén echó a cuatro trabajadores más de la Administración Pública por incurrir en una serie de conductas inmorales. De quiénes se trata y cuáles fueron los motivos.
El primer despido recayó sobre la figura de Mabel Rastellini, quien se desempeñaba en la planta permanente de la Subsecretaría de Gobierno y Justicia del Ministerio de Gobierno, Mujeres y Derechos Humanos.
Se la cesanteó de su cargo luego de comprobarse que hubo conductas irregulares como “adulteración de documentación pública, percepción de sumas de dinero indebidas y la omisión de documentación pertinente”.
El segundo de los casos recayó sobre Karina Jaña Reyes, personal de planta permanente de la dirección del Registro Civil y Capacidad de las Personas del Ministerio de Gobierno.
El sumario se lo iniciaron por haberse ausentado del territorio provincial y nacional, con destino a Chile en fechas coincidentes con períodos de licencia por largo tratamiento de salud, sin la correspondiente autorización administrativa. Los auditores dieron por probado que se ausentó el 18 de noviembre de 2023, el 30 de diciembre del mismo año y el 20 de febrero de 2024.
El tercer caso es el de el excabo de la Policía de Neuquén, Francisco Pertusatti, quien fue despedido de la Administración Pública por haber incurrido en faltas previstas tanto en el Reglamento del Régimen Disciplinario Policial como en el Reglamento de Actuaciones Administrativas Policiales.
En el expediente consta que el 2 de mayo de 2025 la Comisaría 16 del Barrio San Lorenzo informó sobre la denuncia judicial radicada por un oficial ayudante, quien luego de cumplir su jornada de servicio constató la sustracción de una funda cubre volante y de un logo de marca del interior de su vehículo particular, el cual se encontraba estacionado en el patio interno de dicha unidad.
Se iniciaron actuaciones judiciales en las que fue declarado culpable como autor penalmente responsable del delito de hurto agravado y le impusieron una pena de prisión de ejecución en suspenso.
Finalmente, fue echado del Gobierno de Neuquén el auxiliar de servicio del Consejo Provincial de Educación (CPE), Orlando Marillán, por abuso sexual contra una menor con la que convivía.
En el expediente se explica que la Justicia le impuso la pena de 11 años de prisión de cumplimiento efectivo. El hecho lo perpetró en el ámbito privado, pero se estableció que, obviamente, “no cuenta con las condiciones morales y de conducta que prevé la normativa vigente para desempeñarse como auxiliar de servicio”.
