INCERTIDUMBRE AMBIENTAL
Las arenas de fractura en jaque por la justicia entrerriana
La fractura en Vaca Muerta demanda una logística que ni los gobiernos ni la sociedad alcanza a percibir. La extracción de arenas en Entre Ríos fue cuestionada ambientalmente.
Tras la caída de la actividad que sufrió el desarrollo de Vaca Muerta por la pandemia, el Superior Tribunal de Justicia de la provincia de Entre Ríos dio lugar la semana pasada al recurso presentado por la Cooperativa de Agua Potable de Ibicuy.
El conflicto se originó el pasado año cuando el apoderado del ente cooperativo local, Dr. Ricardo Luciano solicitó al Gobierno Provincial información sobre las licencias y estudios de impacto ambiental otorgadas por la Secretaría de Ambiente de la Provincia a las empresas particulares para extraer arena tipo silícea del río Paraná.
Segun detallan los medios regionales, la autoridad provincial se negó a brindar la información obligando a la Cooperativa a recurrir a la justicia. La negativa del gobierno de Gustavo Bordet, dos veces gobernador, terminó levantando la polémica de las arenas de fractura que pone en riesgo no solo los negocios de las areneras sino el costo de las fracturas en Vaca Muerta.
En el año 2019 las entidades ambientalistas manifestaron que desde los puertos Campichuelo, Diamante e Ibicuy “se vendían más de 400 camiones de arena por día” con destino a los yacimientos en la provincia del Neuquén.
Detrás de la negativa política y de las supuestas irregularidades de la Secretaría de Ambiente, se instaló en la sociedad la sospecha que la actividad de las empresas areneras destruyen el lecho y valle del río Paraná, y su extracción impacta en la toma de agua de la planta potabilizadora perjudicando la calidad de agua potable que la cooperativa suministra a sus socios.
Según los registros, Entre Ríos suministró el 80% del mineral extraído y procesado en la provincia y representó una movilidad de 50 mil camiones por año con la consiguiente saturación y desgaste de las rutas entre Ibicuy y Añelo.
El tema no es menor si el desarrollo de los No Convencionales para los próximos años supera el ritmo de crecimiento del 2019 y termina limitando el suministro de las arenas. Al parecer, ni el gobierno de Entre Ríos ni las empresas areneras conocen las implicancias económicas que tiene un pozo parado a la espera de una resolución judicial o del suministro de la arena de fractura.
Para tener una idea del impacto económico que genera la extracción, procesamiento y acarreo de las arenas silíceas, se debe tener en cuenta los valores del mercado. La tonelada de cerámica y bauxita en el año 2019 se vendía a U$S 800, la arena procedente de Entre Ríos y Chubut registró una variación entre los U$S 550 y U$S 700 la tonelada, y las arenas importadas de Estados Unidos se ofrecieron en el mercado un 20% menos respecto al valor local.
De acuerdo con los cálculos de los ingenieros, Vaca Muerta demandará 45 millones de toneladas y para eso será necesario no solo tener las habilitaciones y estudios ambientales en condiciones, sino también haber informado a la población sobre los beneficios y desafíos ambientales que presenta la extracción y procesamiento de la arena silícea en los puertos entrerrianos.
Pedidos de informes, imágenes e indignación social
El pasado 27 de enero, el portal digital local Junio.com publicó una imagen de uno de los brazos del río Paraná donde se observan los camiones y personal realizando la extracción de arena.
El artículo describe que la cooperativa de Ibicuy "se manifestó alarmada por el panorama desolador que están generando en el Departamento Islas del Ibicuy" por la destrucción de un humedal protegido y la presumible contaminación del agua potable que se extraen de los acuíferos colindantes.
La noticia tomó tal relevancia que la diputada radical de la alianza UCR-Cambiemos, Sara Folletto, formuló un pedido de informes al Ejecutivo Provincial en relación con el saqueo de arena que se lleva adelante en los humedales de Ibicuy.
"Si bien es bienvenido el interés de algunos legisladores entrerrianos por el saqueo de millones de toneladas de arena que se sacan de los humedales protegidos del sur de la provincia -expresó el apoderado de la cooperativa en el medio local- no deja de ser indignante que precisamente la Legislatura de la provincia se haya enterado de este escándalo de corrupción y destrucción de la naturaleza por un fallo del Supremo Tribunal de Justicia a favor de una cooperativa".
