Efecto Guernica: desalojaron la toma del Polígono en Roca

Muy temprano, sin tiempo a que se levanten los pocos vecinos que pernoctaban en las casillas, el personal del COER hizo efectiva la orden judicial de liberar las tierras del Polígono de Tiro de Roca, o como la gente que se asentó allí definió "Barrio La Esperanza", en el sector noroeste de la ciudad, lindante con el Parque Industrial I. Hay cuatro detenidos, entre ellos el abogado que representa a las familias y el ex Secretario General de UnTER Aurelio Vázquez, quien acompañaba a los vecinos.

Con la orden judicial librada desde hace varias semanas, en los días previos los trascendidos sobrevolaban el barrio. La presencia policial era cada vez mayor y el rumor del desalojo era una constante. Cerca de las 6 de la mañana, con los primeros rayos de luz -como estipulaba la orden judicial debía ejecutarse con luz solar- unos 300 efectivos del COER comenzaron a despertar a las personas que estaban en las casillas y en pocos minutos pudieron desocupar el predio.

Claro que, como decía también la orden judicial, estaba permitido el uso de la fuerza pública y así sucedió. Varios vecinos intentaron resistir, pero los gases lacrimógenos, algunas balas de goma, en incluso la fuerza de los policías entrenados para este tipo de operativos especiales, pudo más que la posibilidad de mantenerse en un terreno sin ningún tipo de utilidad, sólo como zona de emergencia para quienes practican tiro al blanco en la ciudad.

Como consecuencia de la resistencia, cuatro personas fueron detenidas, entre ellas el abogado del asentamiento, Miguel Angel Ceballos; quien en cada una de sus intervenciones dejaba en claro que eran tierras ociosas y que le fueron cedidas al Tiro Federal de Roca durante la dictadura militar por el interventor de la ciudad Fernando Zárraga. Los detenidos fueron trasladados a distintas unidades policiales, mientras que los vecinos marcharon a la Comisaría Tercera, donde otro grupo del COER los estuvo esperando.

Otro de los detenidos es Aurelio Vázquez, conocido referente gremial, ex Secretario General de UnTER, quien apoyaba a las familias que realizaban la toma y por todos los medios intentó que se establezca una canal de diálogo, pero sin lograr su cometido. 

La fiscal jefe Graciela Echegaray, el fiscal del caso Ricardo Romero y la fiscal adjunta Natalia Pascual estuvieron presentes durante todo el operativo, junto con una referente de la secretaría de Derechos Humanos, la defensora de menores y la asistente social del Ministerio Público de la Defensa, personal de la Senaf y del Gabinete de Criminalística.