INSTRUCCIÓN TRÁGICA EN BAHÍA CREEK

Imputaron a los policías que torturaron a Mandagaray

La acusación también recayó sobre dos integrantes de la Jefatura encargados de aprobar el curso en Bahía Creek.
martes, 2 de noviembre de 2021 · 16:07

Tras más de seis meses de la muerte del oficial Gabriel Mandagaray, tres instructores del grupo de elite COER de la Policía de Río Negro, y dos altos jefes de la fuerza fueron imputados por distintos delitos. Para la fiscalía está probado que existieron torturas, abuso de autoridad y negligencia en la participación de los acusados por el homicidio culposo del joven oficial, ocurrido el 15 de abril en el mar, luego de ser obligado a meterse sin saber nadar, sin tener en cuenta el tremendo esfuerzo físico al que había sido sometido y sin contemplar la presencia de guardavidas o una lancha de Prefectura Naval o al menos una ambulancia.

El informe de autopsia asegura que el oficial de 25 años, hijo del ex Jefe de la Regional de Viedma, Antonio Mandagaray y la Jefa de la Regional de Los Menucos, Adriana Fabi, murió ahogado como consecuencia del agotamiento físico. El fiscal Guillermo Ortiz utilizó las conclusiones de los médicos forenses y también se apoyó en la reconstrucción de los hechos en el que quedó demostrado los excesos de los instructores del COER y la falta de previsión de quienes debieron controlar y aprobar la capacitación para los aspirantes a ingresar al grupo de elite de la Rionegrina.

El Ministerio Público planteó cuatros hechos. Por el primero y el segundo quedaron imputados los instructores por coautores de homicidio culposo (negligente, imprudente o sin pericia). Por el tercero a los jefes Carlos Víctor Grasso y Oscar Alberto Szymañsky por incumplimiento de los deberes de funcionario público; y por un cuarto que consistió el la fractura del coxis de un aspirante, se lo acusó al instructor Contreras.

En su relato, Ortiz aseguró que "tenían escasa alimentación, sin suficiente descanso, curaciones, sin equipos de primeros auxilios, Nahuelcheo orinó a Mandagay, se los obligó a colocarse máscaras de excremento de animales, los hacían caminar por la playa a altas horas de la noche”.

El segundo hecho que describió corresponde a la muerte del oficial: "sobre el 15 de abril, los alumnos ingresaron al mar sin chaleco, sin torperdo (salvavidas), sin lancha de apoyo, sin control de seguridad de Prefectura, en un contexto en el que Mandagaray dijo que no sabía nadar. Entraron con un tronco de 3 metros tres 3 chicos a un lugar en el que no hacían pie. Al regresar, no podían salir y dos de ellos fueron ayudados por sus compañeros que esperaban para llevar adelante la misma maniobra".

El tercero involucra a quienes autorizaron la realización del curso a unos 100 kilómetros de un centro urbano sin tomar las precauciones del caso. Ruiz apuntó contra el ex director de Capacitación de la Jefatura, Víctor Grasso y el jefe del Departamento, Oscar Szmansky quienes "incumplieron sus deberes. No hubo control para que se cambie el lugar de instrucción (NdR: estaba prevista en El Cóndor) y la manera en la que se desarrolló”. 

En tanto que el último no tuvo que ver directamente con la muerte de Mandagaray, sino con los excesos, torturas y vejámenes. El instructor Contreras agredió a un aspirante, a quien pateó y le rompió la primera vértebra del coxis, lo que obligó a Esteban Lagos Millapán a abandonar el curso. El joven iba con la mochila de viaje puesta y cargando una ametralladora, y Contreras empezó a darle patadas, luego lo pisó con fuerza en la zona inferior de la columna vertebral al punto de ocasionarle una fractura. 

A los jefes de la cúpula, Grasso y Szymañsky se los acusó de "incumplimiento de los deberes de funcionario público" y el Juez de Garantías Juan Martín Brussino le negó el sobreseimiento porque aún hay motivos para investigar su participación.

En la acusación quedó claro que el curso del COER se realizó burlando la Resolución 2748 que había sido aprobada por la Jefatura de la Policía de Río Negro y que entre el 12 y el 15 de abril de este año se llevó adelante "en un lugar y en condiciones que no eran las aprobadas, omitiendo ilegalmente el cumplimiento de esa norma".

El magistrado tuvo por formulados los cargos y le otorgó a la fiscalía 4 meses para investigar y elevar la causa a juicio. 

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