IMPUGNACIÓN RECHAZADA
Confirmaron condena al policía que le disparó a un diputado
Un tribunal consideró que estuvo "bien fundada" la condena al escopetero Sergio Palomino que hirió de gravedad al ex diputado Raúl Godoy.
Un Tribual de Impugnación ratificó la condena a cinco años de prisión impuesta al policía Sergio Palominos, autor del disparo de escopeta que hirió al ex diputado provincial Raúl Godoy, durante la represión a una protesta en el acceso a una maderera del Parque Industrial de Neuquén.
El episodio ocurrió el 8 de diciembre de 2017 cuando los trabajadores despedidos dela maderera MAM se habían concentrado frente al portón de acceso para reclamar sus reincorporaciones. Varios efectivos policiales fuertemente armados reprimieron la protesta y uno de ellos, el escopetero Sergio Palominos, se posicionó detrás de Godoy, apuntó su arma al piso y disparó. La perdigonada impactó en la pierna derecha del ex legislador y le provocó una gravísima herida.
Para la investigación fue muy difícil determinar quién había disparado, ya que desde la fuerza provincial se retaceó información sobre la identidad del escopetero.
Sin embargo, la pericia desarrollada por el licenciado en Criminalística Enrique Prueger, consistente en un análisis de video y sonido, pudo individualizar al disparador. Luego sólo restó ponerle nombre y apellido.
Palominos fue juzgado el año pasado y en septiembre fue condenado a cinco años de prisión. Su defensa impugnó el fallo y este martes un tribunal integrado por los jueces Andrés Repetto, Federico Sommer y la jueza Liliana Deiub, determinó que “la sentencia dictada en septiembre no resulta ser arbitraria”.
Agregaron los jueces que “la valoración de las pruebas presentadas durante el juicio en el que se arribó a la declaración de culpabilidad y a la determinación de la pena impuesta, fueron debidamente fundadas”.
De esta manera el tribunal rechazó la impugnación presentada por la defensa y confirmó la sentencia que declara a Sergio Palominos como autor del delito de lesiones graves calificadas por haber sido cometidas por un funcionario policial en abuso de sus funciones y con arma de fuego y la pena de 5 años de prisión de cumplimiento efectivo.
