Una empleada con más de una década en su puesto sufrió una crisis de salud mental, presentó certificados firmados por un psiquiatra, pero en su trabajo no le creyeron. Así, sin un diagnóstico propio ni consulta con especialistas, la empresa hotelera que la empleaba decidió algo tan simple como brutal: dejó de pagarle el sueldo y le exigió que volviera a trabajar.
El caso ocurrió en Bariloche y terminó en la Justicia. La protagonista es una gobernanta del Hotel Alma del Lago, quien decidió renunciar después de meses de destrato, intimaciones ignoradas y un salario que simplemente desapareció. La empresa, Almasur S.A., fue condenada por la Cámara del Trabajo local a pagarle una importante indemnización.
Todo empezó cuando la mujer comenzó a tener problemas de salud mental. Su psiquiatra le extendió certificados médicos para justificar la licencia. Pero la empresa no aceptó esos papeles y envió el caso a MEDET, una firma de control médico que tampoco tenía psiquiatras. Una y otra vez, rechazaron los informes del profesional tratante y dictaron un alta inmediata, sin argumentos sólidos.
Durante tres meses, marzo, abril y mayo de 2023, la empresa no le pagó ni un peso. Ella insistió con nueva documentación médica, intimaciones y pedidos formales. La respuesta fue siempre la misma: silencio o negativa. Hasta que en mayo decidió enviar un telegrama de renuncia, denunciando incumplimientos del contrato, maltrato institucional y la retención total del salario.
La Justicia le dio la razón, el fallo remarca que la trabajadora actuó de buena fe, presentó toda la documentación que la ley exige y cumplió con sus obligaciones. En cambio, la empresa no solo ignoró los certificados, sino que nunca ofreció una solución alternativa ni mostró voluntad de cuidar la salud de su empleada.
La sentencia ordena pagarle indemnización por antigüedad, preaviso, vacaciones, aguinaldo y salarios caídos, todo actualizado con intereses. También exige que regularicen su situación registral, entreguen los certificados laborales y depositen los aportes que adeudan.
Si bien el tribunal no dio lugar a los pedidos por daño moral o trato discriminatorio, porque no se pudieron probar intenciones específicas, el fallo deja claro que la empresa incumplió normas laborales básicas y dejó a una persona en plena crisis emocional sin respaldo ni sueldo.