Una mujer que trabajaba en una defensoría oficial en Cipolletti fue acusada por la Justicia penal de presentar certificados médicos truchos para gozar de licencias laborales para ausentarse de su puesto y al mismo tiempo cobrar sueldos en otros organismos públicos y privados. El caso se conoció la Fiscalía solicitó la formulaación de cargos por fraude a la Administración Pública.
Según explicó el fiscal, mientras cobraba su sueldo como empleada del Poder Judicial de Río Negro, también trabajó en la Municipalidad de San Martín de los Andes y en la Obra Social de Petroleros Privados. Esto ocurrió entre junio de 2022 y enero de 2025, un período en el que, según la acusación, la mujer usó licencias para poder asumir y cobrar en los otros cargos.
"Se valió de diversas licencias para ausentarse de su puesto laboral, con intenciones de defraudar a la Administración Pública", afirmó el fiscal. Detalló que fue empleada de la Municipalidad de la localidad neuquina entre junio y octubre de 2022, y desde entonces hasta agosto de 2024, trabajó en la obra social petrolera, todo mientras seguía en nómina del Poder Judicial.
El problema es que, como empleada judicial, no podía tener otro cargo fuera del Poder Judicial. Y ella lo sabía, destacó el fiscal durante la audiencia.
La investigación comenzó cuando en la sede administrativa de la Procuración General, en Viedma, detectaron irregularidades. Desde allí se inició una revisión de documentación que incluyó informes de la Agencia de Recaudación, ANSES, el sindicato petrolero, la Municipalidad de San Martín y distintas áreas judiciales.
También se incorporó una resolución del Superior Tribunal de Justicia del 12 de febrero de este año, que determinó la cesantía de la trabajadora. Pero esta causa penal sigue un camino distinto al de esa decisión audministrativa.
La acusaron por fraude al Estado
Durante la audiencia, los abogados de la mujer no se opusieron a la acusación, pero dijeron que tienen una versión distinta de los hechos. El juez aceptó la formulación de cargos y dio inicio a una investigación penal que durará cuatro meses.
La defensa pidió que la audiencia fuera reservada, es decir, sin acceso público. La Fiscalía solicitó que el proceso siga siendo público pero aceptó que no se difundan datos personales ni imágenes de la mujer, una medida que fue avalada por el juez.
Además, los abogados intentaron reconvertir la audiencia y propusieron suspender el juicio a prueba, una alternativa que evitaría el juicio oral si la imputada cumple con ciertas condiciones. Pero para avanzar con esa posibilidad, la Fiscalía aclaró que necesita conocer la postura de la Administración Pública, considerada en este caso como la víctima. Por eso, se convocará a un organismo de contralor del Poder Ejecutivo para que participe en una nueva audiencia donde se analice esta propuesta.