La Justicia de Río Negro dio un paso contundente frente a uno de los casos más aberrantes de violencia institucional registrados en la provincia en los últimos años. Tres efectivos policiales fueron condenados a prisión perpetua por torturar hasta la muerte a Jorge Gatica, un joven de 27 años que estaba esposado y bajo custodia dentro de la Comisaría 45° del barrio Anaí Mapu de Cipolletti. En tanto que la sargento que estaba a cargo de la comisaría, fue condenada por omisión, a 4 años y medio de cárcel.
El cabo 1° Walter Denis Carrizo (36 años), el cabo 1° Jorge Sosa (31 años). y el sargento Vilmar Alcides Quintrel (32 años), fueron hallados culpables por un jurado popular del delito de tortura seguida de muerte, un crimen gravísimo cuya única pena posible es la prisión perpetua. En tanto que la sargento Andrea Henríquez (38 años), recibió una condena menor por omisión funcional dolosa de evitar la tortura: estuvo presente durante el ataque, no lo detuvo y tampoco lo denunció.
La sentencia, dictada por el juez técnico Marcelo Gómez, incluye además la inhabilitación absoluta y perpetua para ejercer cargos públicos para todos los condenados. La prisión preventiva continuará vigente hasta que la sentencia quede firme. En el caso de Henríquez, será bajo la modalidad domiciliaria.
Un asesinato a golpes dentro del Estado
El jurado -compuesto por seis mujeres y seis varones- escuchó durante diez días los estremecedores testimonios de peritos forenses, testigos presenciales, policías, y familiares. Se incorporaron pericias, fotografías, registros audiovisuales y documentos oficiales. La prueba fue abrumadora: Jorge Gatica tenía 184 lesiones compatibles con golpes de puños, patadas, rodillazos y objetos contundentes. Murió desangrado por una hemorragia interna causada por la brutal golpiza. el 12 de enero de 2023, ante el silencio de otros medios, Mejor Informado publicó el informe preliminar de autopsia que a la víctima le habían reventado los testículos a patadas.
Los peritos fueron claros: el joven no tenía posibilidad alguna de defenderse. Estaba esposado. Quedó a merced de una tortura sostenida dentro de una institución del Estado que tenía la obligación de protegerlo.
La oficial Henríquez no solo presenció parte del ataque, sino que tampoco intentó frenarlo. Su reacción fue cambiar al agente que vigilaba la celda por otro, una maniobra inútil que no detuvo la agresión y evidenció su falta de compromiso con la ley y la vida del detenido.
El silencio y la complicidad
El exoficial Gastón Moraga, quien estaba a cargo de la comisaría la noche del crimen, fue juzgado en un proceso abreviado. Reconoció que no controló ni impidió el ataque. Fue condenado a tres años de prisión en suspenso, con inhabilitación perpetua para ejercer funciones públicas. Admitió haber incumplido sus deberes y haber omitido evitar la tortura, en un acuerdo homologado en octubre de 2023.
Este tramo del expediente reveló la cadena de omisiones y silencios que facilitaron el crimen dentro de la dependencia. Lejos de tratarse de un hecho aislado o impulsivo, la golpiza fatal se desarrolló en un contexto de completa impunidad dentro de una comisaría de la Policía de Río Negro.
El fiscal Jefe Santiago Márquez Gauna impulsó la acusación con firmeza y pidió la máxima pena. La querella, que acompañó ese pedido, destacó el carácter sistemático y cruel del accionar policial. Las defensas no ofrecieron oposición frente a las pruebas.