El abogado Matías Morla, último representante legal de Diego Maradona, presentó una oferta para pagar 150 millones de pesos a los herederos del exfutbolista con el fin de solicitar la suspensión del juicio oral en su contra por defraudación en la cesión de la marca "Diez". La propuesta incluye, además, la solicitud de cumplir con una probation, un régimen alternativo al juicio que podría evitar la condena efectiva.
Esta presentación fue realizada ante el Tribunal Oral en lo Criminal N° 17, presidido por el juez Juan Giúdice Bravo, a través de los abogados defensores de Morla. En el escrito se menciona que, en caso de una condena, la pena podría ser de ejecución condicional.
El delito imputado, según el artículo 172 del Código Penal, contempla penas que van desde un mes hasta seis años de prisión. Sin embargo, el fiscal decidió no impulsar la acción penal respecto a la cesión de acciones de la empresa Sattvica S.A. a las hermanas de Maradona, calificándola como atípica.
Posible suspensión del juicio por reparación de daños
La defensa de Morla destacó que no posee antecedentes penales y fundamentó su pedido en un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Este fallo establece que, en casos donde se pueda aplicar la suspensión del juicio a prueba con posible ejecución condicional, el imputado puede ofrecer "hacerse cargo de la reparación del daño en la medida de lo posible, sin que ello implique confesión ni reconocimiento de la responsabilidad civil correspondiente", conforme al artículo 76 bis del Código Penal.
Morla propuso abonar los 150 millones de pesos en seis cuotas de 25 millones para cada uno de los herederos de Maradona. Según sus defensores, esta suma representa el máximo esfuerzo económico posible para Morla, sin comprometer su subsistencia ni la de su núcleo familiar.
Además, se propuso que la probation incluya la realización de trabajos comunitarios en una institución de bien público, específicamente en una parroquia ubicada en Garín, partido de Escobar.
El proceso penal se inició a raíz de una denuncia presentada por los herederos de Maradona contra Morla, acusado de haberse apropiado de la marca Maradona a través de presuntos poderes falsificados a su nombre. Según la acusación, Maradona cedió 21 marcas registradas, entre ellas “Maradona”, “Diego Maradona”, “Diego Armando Maradona”, “Diegol”, “La mano de dios”, “El diez” y “El diego”, el 20 de marzo de 2020.
En total, existen más de 105 registros de estas marcas en Argentina y aproximadamente 120 en el exterior. Tras varias instancias judiciales, el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 43 elevó a juicio la causa contra Morla, Maximiliano Pomargo y Sergio Garmendia, administrador de la marca, quienes habrían cedido el 100% de los derechos a las hermanas Rita y Claudia Maradona.
Se les imputa ser coautores del delito de defraudación por administración fraudulenta. Por su parte, las hermanas Rita y Claudia y la escribana Sandra Iampolsky están acusadas como partícipes necesarias, ya que las hermanas aceptaron la cesión y recibieron dividendos que, según la acusación, deberían pertenecer a los herederos legítimos, mientras que la escribana habría colaborado en la confección y firma de los documentos.
En paralelo, otros imputados también presentaron pedidos similares. Maximiliano Pomargo, por ejemplo, entregó un escrito con argumentos jurídicos parecidos para solicitar la suspensión del juicio y ofreció una reparación de 10 mil dólares a los hijos de Maradona.
Los defensores de Pomargo aclararon que su cliente fue un empleado que no recibió beneficios derivados de la explotación de las marcas tras la muerte de Maradona en diciembre de 2020. Señalaron además que Pomargo renunció a su cargo de director suplente en 2021 y cedió sus acciones pocos meses después.
En la misma línea, las hermanas Rita y Claudia Maradona, por medio de su abogado Guillermo Schmidt, solicitaron también la suspensión del debate y propusieron pagos de 60 millones y 40 millones de pesos respectivamente, abonados en cuotas.
El defensor de las hermanas afirmó que ellas se comprometerán a cumplir con las reglas de conducta que se impongan durante la suspensión del proceso y realizarán tareas comunitarias en una institución de bien público, conforme a las modalidades que se establezcan.
Por el momento, la acusación pública no acompañó el pedido de suspensión del juicio para Morla, pero la defensa solicitó que el fiscal sea notificado y se pronuncie sobre esta propuesta.
