El Ministerio Público Fiscal solicitó 11 años de prisión para un hombre declarado culpable de abuso sexual con acceso carnal agravado por la guarda y la convivencia con una adolescente en el marco de un programa de familias solidarias, mientras que la defensa pidió el mínimo legal de 10 años. La audiencia de cesura se realizó este miércoles y la víctima participó de manera virtual.
En primer lugar, el tribunal escuchó a cuatro testigos y, posteriormente, se abrió la instancia de alegatos, donde se discutió la pena a imponer por los hechos por los que el acusado ya había sido condenado el 17 de diciembre pasado. La calificación legal incluye abuso sexual agravado y corrupción de menores, en concurso ideal, en calidad de autor.
Según expuso la Fiscalía, el único atenuante es la ausencia de antecedentes penales. Sin embargo, sostuvo que los agravantes son múltiples y de peso. Entre ellos, remarcó la situación de extrema vulnerabilidad de la víctima, quien se encontraba institucionalizada desde pequeña y sin una red familiar de contención.
En ese contexto, el acusado integraba un dispositivo de familia solidaria, lo que implicaba no solo un rol de cuidado, sino también un vínculo de confianza con el Estado y con la adolescente. “Abusó de esa posición de guarda y de la confianza depositada en él”, señalaron los fiscales.
Además, la acusación sostuvo que el hombre habría intentado asegurar su impunidad entregándole dinero a la joven para que no revelara lo ocurrido, un elemento que agrava aún más el cuadro. Por otra parte, recordaron que durante el juicio declararon profesionales de la salud mental que describieron un impacto psicológico severo en la víctima.
Las secuelas, indicaron, se reflejan en dificultades para expresarse y establecer vínculos, lo que para la Fiscalía resulta determinante al momento de fijar la pena. En la misma línea, el defensor de los derechos de niñas, niños y adolescentes acompañó el pedido de 11 años y agregó que los hechos ocurrieron en un contexto de aislamiento, dentro de la vivienda, cuando el acusado y la víctima se encontraban a solas.
Otro punto central fue el desarraigo. La joven debió abandonar el lugar donde había logrado construir vínculos para alejarse de la situación, lo que profundizó el daño sufrido. A su turno, la defensa particular solicitó la pena mínima de 10 años, argumentando que el acusado siempre estuvo a disposición de la Justicia y cuestionando la eficacia del encierro como herramienta de resocialización. Finalmente, el tribunal informó que la sentencia será dada a conocer en los próximos días.
