Un exempleado policial acusado de estafar a un grupo de policías mediante la supuesta venta de terrenos en Paso Córdoba quedó a las puertas del juicio oral en General Roca, luego de que el Ministerio Público Fiscal presentara la prueba que llevará al debate. La acusación sostiene que habría utilizado su condición de empleado policial y una falsa relación de confianza con el propietario de una inmobiliaria para concretar 24 maniobras, con un perjuicio estimado en unos $4.300.000 y US$750.
La presentación de la Fiscalía se realizó este lunes, después de la reformulación de cargos concretada el pasado 3 de septiembre. La acusación estará respaldada durante el debate por alrededor de 29 testigos, entre ellos las personas que aseguran haber sido víctimas de las maniobras investigadas.
Según explicó la fiscal Jessica González, los hechos ocurrieron entre octubre de 2021 y marzo de 2024 en General Roca. Durante ese período, el imputado habría exhibido un boleto de compraventa correspondiente a una fracción de tierra ubicada en Paso Córdoba y habría asegurado que mantenía una relación de amistad con el dueño de una inmobiliaria.
Ese supuesto vínculo habría sido utilizado como una pieza clave para generar confianza. Además, de acuerdo con la acusación, el hombre ofrecía facilidades de pago para acceder a los terrenos, una condición que terminó llevando a distintas personas a entregar dinero por operaciones que, según sostiene la Fiscalía, nunca llegaron a concretarse como habían sido ofrecidas.
Y el dato que le da una dimensión particular al caso es justamente quiénes habrían caído en el engaño. La Fiscalía sostiene que el imputado indujo a error a un grupo de policías, quienes entregaron dinero mediante distintas modalidades. Hubo pagos en efectivo, en pesos como en dólares, además de transferencias bancarias.
Con el avance de la investigación, los números comenzaron a tomar otra dimensión. Durante la jornada de este lunes, los fiscales explicaron que el análisis de la documentación y de los datos entregados a los peritos contables del Ministerio Público permitió establecer un perjuicio aproximado de $4,3 millones y US$750.
Además, luego de alcanzar algunas convenciones probatorias con la defensa particular, la Fiscalía solicitó que el debate sea llevado adelante por un Tribunal Unipersonal. Ahora será la Oficina Judicial la encargada de establecer la fecha en la que comenzará el juicio. La calificación legal que llegará finalmente al debate será “estafa reiterada (24 hechos) en concurso real”.
El expediente tiene además un ingrediente que lo diferencia de una estafa común: según la acusación, la condición de empleado policial habría sido utilizada para construir una confianza que facilitó las operaciones. Será precisamente en el juicio donde la Fiscalía deberá demostrar cada una de las maniobras y la responsabilidad que atribuye al ex integrante de la fuerza.
