La Fiscalía de Delitos Económicos realizó una inspección ocular y un relevamiento técnico en un predio de 50 hectáreas denominado loteo “La Meseta”, ubicado en el Lote 26 rural, en la zona de la barda norte de Neuquén. La diligencia forma parte de la investigación judicial por presuntas estafas vinculadas con la comercialización de parcelas en ese sector. La investigación tiene como imputados a Jorge Salas, Roxana Huincaman y Beatriz Lebrero, a quienes la querella atribuye presuntas estafas reiteradas.
El procedimiento estuvo a cargo de la fiscal de Delitos Económicos, Rocío Rivero, y contó con la utilización de drones para realizar tareas de fijación aerofotogramétrica y planimétrica del terreno.
Durante la inspección también participaron los abogados querellantes junto con su perito de parte, el licenciado en Diagnóstico y Gestión Ambiental Roberto Daniel Nordenström, quien presentó y fundamentó las conclusiones de la pericia incorporada al expediente.
De acuerdo con la información difundida por la querella, el relevamiento realizado en el lugar y el informe pericial permitirían sostener que el emprendimiento presenta “total inviabilidad técnica, jurídica y ambiental”.
Uno de los principales cuestionamientos está relacionado con la infraestructura necesaria para convertir las parcelas en lotes habitables.
Un loteo sin servicios básicos
Según la querella, el predio no cuenta con redes troncales de agua potable ni desagües cloacales, además de carecer de infraestructura de energía eléctrica, gas natural, cordón cuneta y una conectividad vial considerada segura.
El informe mencionado por los representantes de los damnificados sostiene que la incorporación de esos servicios demandaría obras de infraestructura de elevado costo y que su ejecución resultaría inviable de manera autónoma por parte de la cooperativa involucrada.
La situación de los servicios constituye uno de los puntos centrales de la investigación, debido a que se analiza bajo qué condiciones fueron ofrecidas y comercializadas las parcelas y cuáles eran las posibilidades reales de urbanizar el sector.
El cuestionamiento sobre las tierras
Otro de los aspectos señalados por la querella está relacionado con la situación dominial y catastral de los terrenos.
Según la presentación, las parcelas habrían sido comercializadas a partir de cesiones precarias de ocupación y derechos de pastoreo, sin que existiera un título traslativo de dominio perfecto inscripto ante el Registro de la Propiedad Inmueble.
A esto se suma, siempre de acuerdo con lo informado por la querella, la ausencia de un anteproyecto y de un plano de mensura aprobado por la Dirección Provincial de Catastro o por el Municipio.
Estos elementos serán incorporados al conjunto de pruebas que analiza la Justicia para determinar las responsabilidades que pudieran corresponder.
Quieren avanzar hacia el juicio
La inspección del terreno se suma a la documentación y a las pericias que ya forman parte del expediente. En ese marco, la querella también solicitó a los juzgados civiles que remitan los contratos originales relacionados con las operaciones de compraventa.
Con estos nuevos elementos, los representantes de los denunciantes sostienen que avanza el plexo probatorio de la causa y apuntan a que el expediente llegue a juicio.
La investigación tiene como imputados a Jorge Salas, Roxana Huincaman y Beatriz Lebrero, a quienes la querella atribuye presuntas estafas reiteradas.
Las conclusiones difundidas sobre la inviabilidad del loteo corresponden al planteo de la querella y al peritaje presentado en el expediente. Será la Justicia la que determine, a partir de la totalidad de la prueba reunida, la existencia de delitos y las eventuales responsabilidades de los acusados.
