La investigación por la muerte de Ignacio Cerutti dio un vuelco clave en la Justicia. El Ministerio Público Fiscal logró que se reformularan los cargos y ahora dos policías de Río Negro están formalmente acusados por el delito de tortura seguida de muerte, una de las figuras penales más graves previstas para funcionarios públicos. Según la acusación, el joven fue golpeado durante su detención y mientras permanecía bajo custodia en la Comisaría 35° de Villa Regina, donde sufrió lesiones que terminaron provocándole la muerte.
La audiencia a cargo del juez de Garantías Gastón Pierroni, quien aceptó la nueva calificación legal impulsada por la fiscal Vanesa Cascallares. De esta manera, la causa dejó atrás la imputación inicial y avanzó hacia un escenario mucho más complejo para el comisario José Alberto Cifuentes y el suboficial inspector Nicolás Darío Acuña.
De acuerdo con la reconstrucción de la Fiscalía, todo comenzó el 25 de enero de 2025, cuando Cerutti atravesaba un evidente estado de vulnerabilidad, excitación y alteración. En esas circunstancias fue interceptado por policías en inmediaciones de la calle Vuelta de Obligado, en Regina. Tras una persecución, los uniformados lo redujeron contra el cordón de la vereda, donde ya había sufrido una importante lesión sangrante en la cabeza antes de ser trasladado en una camioneta policial.
Sin embargo, para los investigadores, la violencia no terminó durante el procedimiento en la vía pública. La acusación sostiene que al llegar a la Comisaría 35° el joven fue bajado bruscamente del móvil policial, cayó de rostro al suelo mientras permanecía esposado y luego continuó siendo golpeado dentro de la dependencia. Uno de los puntos más delicados de la investigación indica que los efectivos habrían subido el volumen de las radios policiales para ocultar los gritos que, según la hipótesis fiscal, provenían del interior de la comisaría mientras Cerutti permanecía bajo custodia.
Las pericias forenses fueron determinantes para sostener la nueva acusación. La autopsia reveló que el joven presentaba alrededor de 40 heridas entre hematomas, escoriaciones y golpes distribuidos en la cabeza, el torso y las extremidades. Para la Fiscalía, ese cuadro demuestra que atravesó un intenso sufrimiento físico antes de morir como consecuencia de un traumatismo encefálico agudo.
La fiscal jefa Belén Calarco respaldó la reformulación de cargos y sostuvo que el expediente debe investigarse bajo los estándares internacionales previstos para casos de violencia institucional y muertes ocurridas bajo custodia estatal. Según explicó, el eje de la investigación debe estar puesto en la especial situación de vulnerabilidad en la que se encontraba la víctima y en la responsabilidad del Estado de esclarecer lo sucedido.
La querella que representa a la familia Cerutti acompañó ese planteo y recordó que la investigación se apoya en los protocolos internacionales de Minnesota y de Estambul, utilizados para dilucidar presuntas ejecuciones ilícitas y hechos de tortura. Además, remarcaron que el expediente reúne una importante cantidad de pruebas, entre ellas registros de cámaras de seguridad, libros de guardia, pericias genéticas y distintos informes técnicos.
La defensa de los policías rechazó por completo la nueva acusación. Los abogados sostuvieron que Cerutti protagonizó distintos episodios violentos antes de ser detenido, presuntamente bajo los efectos del alcohol y cannabis, y afirmaron que el golpe que finalmente le provocó la muerte pudo haber ocurrido antes de que quedara bajo custodia policial.
Para respaldar esa teoría citaron testimonios e informes histopatológicos que, según su interpretación, ubicarían el traumatismo fatal entre 30 minutos y cuatro horas antes del fallecimiento. De esa manera, buscaron desligar a Cifuentes y a Acuña de las lesiones que provocaron la muerte.
Tras escuchar a todas las partes, el juez Pierroni resolvió aceptar la reformulación de cargos al considerar que la acusación reúne los requisitos legales para continuar el proceso. Aclaró, sin embargo, que se trata de una instancia provisoria y que la defensa podrá seguir incorporando pruebas durante la investigación.
Además, el magistrado impuso medidas cautelares por cuatro meses para los dos imputados. Aunque rechazó obligarlos a presentarse periódicamente en una comisaría porque siempre estuvieron a derecho, les prohibió salir del país sin autorización judicial y les ordenó mantener una distancia mínima de 50 metros respecto de la familia de Ignacio Cerutti.
Con esta resolución, la causa ingresó en una etapa decisiva. Los dos policías deberán afrontar una investigación bajo una de las imputaciones más graves previstas para integrantes de una fuerza de seguridad.
