Una investigación por microtráfico de drogas en el barrio Gregorio Álvarez de Neuquén derivó en allanamientos simultáneos, cuatro personas imputadas y la clausura de una vivienda señalada como presunto punto de venta de estupefacientes. La pesquisa comenzó tras denuncias anónimas de vecinos y permitió detectar maniobras compatibles con comercialización de cocaína, cannabis y drogas sintéticas bajo modalidad presencial y delivery. Durante los operativos se secuestraron drogas, dinero, vehículos y un arma de fuego.
El barrio Gregorio Álvarez quedó en el centro de una importante investigación por comercialización de drogas luego de que el Ministerio Público Fiscal formulara cargos contra cuatro personas acusadas de integrar una estructura dedicada al narcomenudeo en la ciudad de Neuquén.
La audiencia estuvo encabezada por las fiscales del caso, Paula Yerfino y Silvia Moreira, junto a la coordinadora de la fiscalía de Narcocriminalidad, Mariana Querejeta. Allí se detalló una compleja investigación que incluyó tareas de vigilancia, seguimientos, drones, análisis de comunicaciones y allanamientos simultáneos.
Según la teoría del caso presentada por la fiscalía, entre el 10 de marzo y el 7 de mayo de 2026 los acusados identificados como O.A.D.R., B.L.I.L., T.A.M. y V.S.M. comercializaron estupefacientes desde una vivienda ubicada en el barrio Gregorio Álvarez y también mediante la modalidad delivery, utilizando automóviles y motocicletas para distribuir la droga en distintos puntos de la ciudad.
De acuerdo con la investigación preliminar, las ventas se realizaban tanto desde el interior del domicilio como directamente a través de una ventana que daba a la calle. A eso se sumaban entregas pactadas en vehículos particulares y motocicletas, en una dinámica que, según la fiscalía, funcionaba prácticamente de manera permanente.
“Los vecinos denunciaban venta de drogas durante las 24 horas”, explicó la fiscal Paula Yerfino durante la audiencia.
Denuncias anónimas y vigilancia encubierta
La investigación comenzó a partir de reportes anónimos realizados por habitantes del sector mediante el sistema de denuncias del Ministerio Público Fiscal, utilizando el Código QR oficial y la aplicación Neuquén Te Cuida.
Los testimonios advertían sobre un movimiento constante de personas y operaciones vinculadas a la venta de cocaína y marihuana. A partir de esas alertas, intervino personal del Departamento Antinarcóticos, que desplegó tareas de observación y seguimiento durante casi dos meses.
Según detalló la fiscalía, durante el período investigado se detectaron al menos 89 movimientos compatibles con maniobras de comercialización de estupefacientes.
Los investigadores utilizaron drones para monitorear el movimiento en la zona y realizaron análisis de comunicaciones para reconstruir la operatoria de los acusados.
Cocaína, éxtasis, MDMA y ketamina
El avance de la investigación derivó en allanamientos realizados el 7 de mayo en tres domicilios vinculados a los sospechosos.
Durante los procedimientos, los efectivos secuestraron: 125,8 gramos de cocaína, 34 gramos de cogollos de cannabis, 15 pastillas de éxtasis, más de 12 gramos de MDMA, ketamina, dinero en efectivo, balanzas de precisión, recortes de nylon. Además de anotaciones consideradas de interés para la causa.
Además, en una habitación alquilada por O.A.D.R. los investigadores encontraron un arma de fuego calibre 22 apta para el disparo, situación que derivó en una imputación adicional por tenencia simple de arma de fuego de uso civil.
Para la fiscalía, O.A.D.R. y B.L.I.L. cumplían roles centrales dentro de la organización, ya que residían en la vivienda investigada y ejercían control sobre el lugar señalado como bunker de expendio.
En tanto, T.A.M. y V.S.M. también quedaron comprometidos en la investigación porque, según la acusación, tenían acceso al inmueble, manejaban sustancias fraccionadas y participaban tanto en las entregas como en la recepción de pagos.
Prisión domiciliaria y clausura del inmueble
Las fiscales Paula Yerfino y Silvia Moreira solicitaron prisión preventiva domiciliaria por cuatro meses para O.A.D.R. y B.L.I.L., al considerar acreditados riesgos procesales vinculados a una posible fuga y al entorpecimiento de la investigación.
Entre los argumentos expuestos ante el juez se destacó la gravedad de los delitos investigados, la presunta existencia de una estructura organizada y el temor manifestado por vecinos de declarar abiertamente por miedo a represalias.
Para los otros dos imputados, T.A.M. y V.S.M., el Ministerio Público Fiscal pidió medidas cautelares menos gravosas: fijación de domicilio a más de 200 metros de la vivienda investigada, prohibición de acercamiento al inmueble, impedimento para salir de la provincia y presentaciones quincenales en comisarías.
Por otra parte, la coordinadora de Narcocriminalidad, Mariana Querejeta, solicitó la clausura del inmueble utilizado presuntamente como punto de venta de drogas.
La funcionaria sostuvo que el cierre preventivo resultaba necesario para evitar la continuidad de la actividad ilícita y profundizar la investigación sobre posibles responsabilidades vinculadas a la propiedad de la vivienda.
Finalmente, el juez de garantías Juan Guaita avaló el planteo de la fiscalía en todos sus términos.
El magistrado dio por formulados los cargos, fijó un plazo de investigación de cuatro meses y ordenó la prisión preventiva domiciliaria para O.A.D.R. y B.L.I.L., con controles mediante rondines policiales diarios y eventual colocación de tobilleras electrónicas cuando exista disponibilidad técnica.
Además, dispuso la libertad de T.A.M. y V.S.M. bajo estrictas medidas cautelares y ordenó la clausura del inmueble investigado por un plazo de cuatro meses.
La causa continúa bajo investigación mientras los investigadores buscan determinar el alcance de la red de comercialización y posibles conexiones con otros puntos de venta de drogas en la ciudad de Neuquén.
