La investigación por el violento homicidio ocurrido este domingo en la ciudad de Zapala avanza con tres imputados formalmente acusados y bajo medidas de coerción. El caso, que conmocionó a la comunidad por su brutalidad, fue expuesto en audiencia por la fiscal Laura Pizzipaulo, junto a su equipo.
De acuerdo con la reconstrucción del Ministerio Público Fiscal, el hecho se produjo el 5 de abril cerca de las 12:40 en calle Liniers al 1800. En ese momento, los acusados —identificados como A.D.V., B.O.V. y M.A.M.— actuaron de manera conjunta para atacar a la víctima, un hombre, a quien persiguieron, redujeron y finalmente apuñalaron con extrema violencia.
La agresión fue letal: los imputados le provocaron entre 22 y 25 heridas cortantes en distintas partes del cuerpo, utilizando un cuchillo tipo carnicero. Según el informe de autopsia, la muerte se produjo por un hemoneumotórax derivado de una lesión penetrante en el tórax.
Tras el ataque, los tres intentaron escapar del lugar, pero fueron demorados por un efectivo policial que se encontraba en las inmediaciones, lo que permitió su inmediata identificación y posterior imputación.
En la audiencia de formulación de cargos, la fiscalía calificó el hecho como homicidio doblemente agravado: por haber sido cometido con el concurso premeditado de dos o más personas y por alevosía, en calidad de coautores, conforme a los artículos 80 incisos 2 y 6, y 45 del Código Penal.
Para sustentar la acusación, el equipo integrado también por la asistente letrada Claudia Brazzola y el asistente Guillermo Rodríguez presentó testimonios de testigos presenciales, el informe de autopsia, el secuestro del arma utilizada y otros elementos recolectados en las primeras horas de la investigación.
En cuanto a las medidas cautelares, la fiscal solicitó la prisión domiciliaria de los tres imputados por un plazo de tres meses. Argumentó la necesidad de resguardar a los testigos y evitar posibles entorpecimientos en la investigación, además de señalar la imposibilidad de requerir prisión preventiva por falta de cupos en unidades de detención.
El juez de garantías Lisandro Borgonovo hizo lugar al planteo y dispuso la prisión domiciliaria por el plazo requerido, con control mediante tobillera electrónica y rondines policiales. En su resolución, consideró acreditados los riesgos procesales, especialmente aquellos vinculados a la eventual interferencia sobre testigos clave del hecho.
La causa continuará en etapa de investigación mientras se profundizan las pericias y se consolidan las pruebas que definirán el futuro judicial de los acusados.
