En Tucumán, José Matías Rollate enfrenta una investigación por presuntas estafas y la tenencia de dólares falsos, tras ser denunciado por múltiples víctimas que aseguran haber sido engañadas mediante una supuesta estafa piramidal.
El acusado habría mencionado contactos de peso en la política provincial como respaldo a sus operaciones.
"No le voy a entregar la clave del celular porque ahí surgirán los detalles de las conversaciones que mantuve con Martín Menem (presidente de la Cámara de Diputados), Raúl Jalil y Martín Llaryora (gobernadores de Catamarca y Córdoba, respectivamente)", dijo Rollate a la policía, según consta en la denuncia.
Aunque se sospecha que esta estrategia fue solo un ardid para atraer inversores, la Justicia también investigará esta cuestión.
Operaciones, estafa piramidal e inversiones
La causa se profundizó luego de que su novia, Nadia Antonella Pérez Vaca, denunciara que le entregó U$S5.000 para una inversión que nunca se concretó, y que el acusado usó sin autorización la tarjeta de su padre para obtener $12,5 millones. Pérez Vaca también presentó un sobre con un fajo de U$S100.000 falsos que le habría entregado Rollate y relató haber recibido amenazas cuando reclamó explicaciones.
Tras la denuncia, el fiscal Diego López Ávila logró un allanamiento en la vivienda de Rollate, donde se encontró una especie de oficina comercial. En el lugar se presentó Jacinto Rollate, padre del acusado, quien llevaba consigo un fajo de U$S10.000 y más de $1,5 millones en efectivo. Ambos fueron formalmente acusados, pero continúan en libertad.
Desde hace tres años, Rollate era investigado por delitos económicos sin que se hubieran tomado medidas judiciales previas. La detención motivó que nuevas víctimas se animaran a denunciarlo por maniobras similares.
Uno de los denunciantes, Federico Vega, relató que conoció a Rollate en 2018 y que éste le ofreció una inversión con una rentabilidad mensual del 14%, respaldada supuestamente por un acuerdo con el Ministerio de Desarrollo Social para ganar una licitación y financiar el proyecto “Rollal Group”. Vega entregó inicialmente U$S15.000 y luego sumó U$S25.000 y otros U$S16.000 junto a 30.000 euros, aunque los pagos comenzaron a incumplirse a partir de 2022.
Según Vega, en 2022 Rollate le pagó dos cuotas pero luego desapareció y, cuando se reencontraron meses después, lo amenazó con un arma de fuego y le advirtió que no devolvería más dinero. La deuda estimada por Vega asciende a unos U$S120.000.
El abogado José María Molina, representante de varias víctimas, afirmó: "Hasta el momento se contactaron conmigo unas 10 personas que aseguran ser víctimas de Rollate, pero podrían ser muchas más". Además, describió el modus operandi: "Buscaba inversores entre conocidos y familiares, utilizaba a figuras políticas como garantía y les pagaba jugosos intereses durante un tiempo hasta que desaparecía".
La fiscal Mariana Rivadeneira remitió inicialmente la causa a la Justicia Federal por sospechas de intermediación financiera no autorizada, pero luego fue rechazada por esa jurisdicción al considerarla estafa. Actualmente, la Corte Suprema debe definir quién instruirá el proceso.
El fiscal López Ávila analiza nuevas denuncias que podrían presentarse en las próximas horas y evalúa la acumulación de causas para fortalecer la acusación contra Rollate, quien enfrenta un proceso judicial que podría extenderse a múltiples víctimas y evidenciar una estafa piramidal que habría funcionado durante al menos ocho años.