La fiscal del caso Lorena Juárez y el asistente letrado Maximiliano Jávega formularon cargos contra L.C.G., quien permaneció prófugo durante más de cinco años, por un ataque a tiros ocurrido en enero de 2021 en el barrio Valentina Sur de Neuquén, en el que fue asesinado Rubén Alejandro Polanco y resultaron heridos J.M.S. y M.J.S.
Cómo fue el caso
El hecho ocurrió el 22 de enero de 2021, entre las 20:30 y las 21, en una plaza ubicada sobre calles Choele Choel y San Ignacio. Allí, L.E.V. y L.C.G. llegaron a bordo de un Citroën C3 gris con vidrios polarizados. De acuerdo con la acusación, L.E.V. descendió del vehículo y comenzó a disparar con una pistola calibre 9 milímetros contra J.M.S., mientras el acusado permanecía al volante y le gritaba “matalo, matalo”.
Una de las víctimas, J.M.S, recibió cinco disparos que le provocaron fracturas en ambas piernas y debió permanecer internado más de 30 días. Otra víctima del ataque, M.J.S. intervino para intentar detener la agresión y recibió un disparo en el antebrazo izquierdo. Finalmente, Rubén Alejandro Polanco fue alcanzado por un disparo en el hombro izquierdo que le provocó una hemorragia toracoabdominal y la muerte.
La fiscalía atribuyó a L.C.G. el delito de homicidio agravado por el uso de arma de fuego en concurso real con dos homicidios agravados por el uso de arma de fuego en grado de tentativa, en carácter de coautor. Juárez sostuvo que existió un “plan previo” y que el acusado tuvo dominio funcional del hecho al conducir el vehículo utilizado para llegar y escapar del lugar.
El acusado estuvo prófugo
Durante la audiencia, Jávega remarcó que L.C.G estuvo prófugo desde enero de 2021 hasta el pasado 7 de mayo, cuando fue detenido en un allanamiento realizado en Senillosa por la división de recaptura de evadidos de la policía neuquina. La fiscalía sostuvo que utilizaba otra identidad, había dejado crecer su cabello y barba para modificar su apariencia y se movilizaba en una camioneta Chevrolet S10 blanca.
La defensa no cuestionó la formulación de cargos, aunque pidió que se le otorgara prisión domiciliaria con monitoreo electrónico. Finalmente, Guaita tuvo por formulados los cargos por ambos representantes del MPF, fijó un plazo de investigación de cuatro meses y ordenó la prisión preventiva por el mismo período.
