La investigación por el asesinato de Emmanuel Uriel Aguilera sumó este jueves un nuevo capítulo. En el Foro Penal de Cipolletti, la Fiscalía imputó al tercer detenido por el crimen ocurrido en la madrugada del 1 de marzo sobre calle Serafín González, casi Perón. La acusación es grave: homicidio agravado por la participación premeditada de dos o más personas y por el uso de arma de fuego, en concurso real con portación de arma de guerra.
Ataque planificado, la hipótesis de la Fiscalía
Según la reconstrucción realizada por el Ministerio Público Fiscal, el ataque no fue improvisado. Los investigadores sostienen que el acusado se reunió con otras tres personas, una de ellas menor de edad al momento del hecho, para organizar el homicidio de un hombre con el que mantenían un conflicto previo.
La planificación, de acuerdo con la hipótesis fiscal, comenzó en la vivienda del ahora imputado. Allí intercambiaron información para ubicar a la víctima y coordinar los movimientos. Luego contactaron al conductor de una camioneta que funcionaba como Uber y utilizaron ese vehículo para trasladarse hasta el lugar donde creían que se encontraba Aguilera.
Una vez en la zona, esperaron el momento indicado. La camioneta avanzó a baja velocidad frente a la vivienda y dos de los ocupantes, armados, abrieron fuego. Fueron al menos 15 disparos efectuados de manera indiscriminada.
Uno de esos proyectiles impactó en Emmanuel Uriel Aguilera y le provocó una hemorragia aguda que derivó en su muerte. Tras el ataque, los cuatro sospechosos escaparon del lugar. En plena huida, uno de ellos habría apuntado con un revólver al conductor del vehículo para obligarlo a continuar la marcha.
Durante la audiencia, el fiscal solicitó la prisión preventiva por cuatro meses al advertir riesgos procesales concretos. Argumentó que existen testigos con miedo y que algunos se sienten amenazados por personas que, según la investigación, se manejan con armas de fuego. Además, señaló que, ante una eventual condena, la pena sería de cumplimiento efectivo.
La defensa particular rechazó tanto la formulación de cargos como la medida cautelar. Cuestionó la precisión del relato fiscal y advirtió supuestas contradicciones en la reconstrucción de los hechos. Sin embargo, la jueza de Garantías consideró que existían elementos suficientes para avanzar con la investigación, dio por formulados los cargos y ordenó la prisión preventiva del acusado por el plazo de cuatro meses.
