Una condena contundente sacudió este lunes a Cipolletti. Un hombre fue condenado a 25 años de prisión efectiva por una serie de gravísimos delitos vinculados con abusos sexuales contra menores y la producción, distribución y tenencia de material de abuso a niños y adolescentes en situación de extrema vulnerabilidad.
La pena se conoció durante una audiencia realizada en el Foro Penal de Cipolletti. Allí, el acusado admitió su responsabilidad penal en los hechos que le atribuyó la Fiscalía. La fiscal Rocío Guiñazú presentó el pedido de pena, con la conformidad de la defensora oficial Silvana Ayenao y la presencia de la Defensoría de Niños, Niñas y Adolescentes en representación de las víctimas.
La investigación había comenzado tiempo atrás y demandó un amplio trabajo de la Fiscalía cipoleña para identificar al acusado y reconstruir lo ocurrido. En julio de 2025 se le formularon cargos y se ordenó su prisión preventiva, una medida que se extendió un año después cuando aparecieron nuevas víctimas vinculadas con la investigación.
Durante el proceso se realizaron entrevistas a familiares y allegados, Cámaras Gesell con las víctimas y numerosos peritajes sobre teléfonos celulares y otros dispositivos incautados. También intervino la Oficina de Atención a la Víctima y los organismos de protección correspondientes para brindar acompañamiento especializado a los menores.
La causa, además, no quedó limitada a un solo acusado. En abril de 2026, la Fiscalía imputó a un segundo hombre por la tenencia del material y encubrimiento. También permanece detenido con prisión preventiva durante un año, mientras avanza el proceso judicial.
La condena impuesta al principal acusado comenzó a cumplirse de manera inmediata después del acuerdo entre las partes y la renuncia a los plazos para apelar. El tribunal estuvo integrado por los jueces Julio Sueldo, María Florencia Caruso Martín y Marcelo Gómez, quienes además resolvieron que el condenado deberá afrontar los costos del proceso.
Mientras tanto, desde la organización Mamás en Lucha, Lila Calderón había manifestado previamente su preocupación por la investigación y reclamó que se avance para determinar si existen más víctimas. La organización pidió garantías para los menores y cuestionó que se cierre el proceso mediante un juicio abreviado. También sostuvo que, en caso de dictarse condenas, los responsables deberían cumplir las penas en Argentina.
La Fiscalía, por su parte, solicitó absoluta reserva sobre la información para proteger a los niños, niñas y adolescentes involucrados, cuyas identidades y cualquier dato que permita reconocerlos están legalmente protegidos.
