Santiago Ezequiel Rivera tiene apenas 21 años, pero ya acumula cinco causas en distintas fiscalías y acaba de sumar otra complicación judicial que ya tiene consecuencias importantes en su futuro. Le formularon cargos por la tenencia de una pistola 9 milímetros, luego de los disparos que se escucharon durante la madrugada en el barrio Antártida Argentina de Cipolletti. La jueza de Garantías Amorina Sánchez Merlo dispuso que permanezca con prisión preventiva, en una audiencia en la que quedaron expuestos sus antecedentes y los motivos por los que la Justicia consideró necesario mantenerlo detenido.
El historial judicial de Rivera es lo que más llamó la atención durante la audiencia. Con apenas 21 años de vida, ya pasó por distintos procesos penales: dos por tenencia de armas y un expediente por lesiones calificadas en un contexto de violencia de género contra su expareja. A esos antecedentes se suman las actuaciones vinculadas con estupefacientes en el fuero federal y ahora el nuevo expediente por la pistola 9 milímetros. La acumulación de causas encendió las alarmas de la magistrada.
Pero la situación no se limita a la cantidad de expedientes. En una de las causas anteriores, Rivera había obtenido la suspensión de juicio a prueba, un beneficio que lo obligaba a cumplir determinadas condiciones y, fundamentalmente, a no cometer nuevos delitos durante el período establecido. Sin embargo, terminó nuevamente frente a un tribunal, esta vez por disparos denunciados por vecinos y una persecución policial.
La madrugada del jueves había arrancado con llamados de vecinos al 911 RN Emergencias. Las alertas advertían sobre detonaciones de arma de fuego en el barrio Antártida Argentina y señalaban que un hombre se desplazaba por las inmediaciones de la Subcomisaría 79° comenzaron a recorrer el sector y escucharon nuevos disparos. Poco después localizaron a un joven que coincidía con la descripción aportada por los vecinos.
Cuando advirtió la presencia de los efectivos, Rivera escapó y comenzó a desprenderse de elementos que llevaba consigo. La persecución terminó a pocos metros, pero el arma no estaba entre sus pertenencias. Según la reconstrucción presentada por la fiscal Ivana Vasellatti, durante la fuga arrojó la pistola en una vivienda de calle Kossman al 1700. Los policías realizaron una inspección con autorización del propietario y encontraron una pistola negra calibre 9 milímetros.
La Fiscalía reunió testimonios de los uniformados que participaron del procedimiento, de un vecino que estaba lavando su automóvil y observó parte de la secuencia, y del dueño de la propiedad donde fue encontrada el arma. Con esos elementos, la fiscalía sostuvo que Rivera tenía en su poder la pistola y le atribuyó el delito de tenencia de arma de guerra, por tratarse de un arma de uso civil restringido. La calificación deberá sostenerse durante el avance de la investigación.
Sin embargo, la defensa rechazó la acusación. El abogado particular Rubén Antiguala negó que su cliente hubiera llevado un arma y planteó otra explicación para lo ocurrido. Aseguró que Rivera había salido a comprar un jugo acompañado por una pareja amiga y cuestionó inconsistencias en las descripciones de la vestimenta del sospechoso. La discusión sobre lo que ocurrió durante esos minutos quedó planteada en la audiencia y deberá resolverse con la prueba reunida.
También hubo una explicación del propio joven sobre los motivos por los que escapó. Según la publicación, Rivera manifestó que llevaba un "bagullo de flores" de cannabis, y que no quería que se las quitaran. La referencia no constituye por sí misma una nueva imputación en esta causa, pero volvió a poner sobre la mesa sus antecedentes vinculados con estupefacientes y la investigación que tiene pendiente en el fuero federal de Roca, donde cuenta con una suspensión de juicio a prueba vigente hasta junio de 2027.
Con ese escenario, la jueza Sánchez Merlo tuvo por formulados los cargos y dispuso cuatro meses de prisión preventiva. Entre los fundamentos mencionó los antecedentes del imputado, su falta de apego a las pautas impuestas por la Justicia y el riesgo de que pudiera interferir en la investigación mediante posibles intimidaciones a testigos. La magistrada consideró que las medidas judiciales aplicadas anteriormente no habían conseguido que Rivera respetara las obligaciones legales.
