El magistrado federal, Néstor Costabel, dispuso la ejecución de una parte de los bienes embargados al empresario santacruceño Lázaro Báez y a su hijo Martín, en la causa conocida como “Ruta del Dinero K”, hasta cubrir la suma de 55 millones de dólares.
Este primer tramo incluye más de medio centenar de inmuebles, que estaban registrados a nombre de los Báez y se encuentran principalmente en la provincia de Santa Cruz, aunque también hay propiedades en Chubut y Buenos Aires.
Las condenas en esta causa quedaron firmes el pasado 29 de mayo, cuando la Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró inadmisibles los recursos extraordinarios presentados por las defensas.
Posteriormente, se revocó el beneficio del arresto domiciliario que Báez cumplía en una casa de El Calafate, y fue trasladado a la Unidad Federal Número 15 de Río Gallegos para cumplir la pena de 10 años de prisión.
Desde la cárcel, Báez solicitó que se unifique esa condena por lavado con otra de 6 años por administración fraudulenta en el expediente de vialidad. Tras analizar el pedido de la defensa y la fiscalía, el juez Costabel determinó que debe cumplir una pena unificada de 15 años de prisión y una multa de 329 millones de dólares, equivalente a seis veces el dinero involucrado en la maniobra de lavado.
Además, se dispuso la adjudicación definitiva a la Corte Suprema del dinero producto de la subasta de dos aeronaves. El Tribunal Oral Número 4 también cauteló dos cuentas en el exterior vinculadas a los Báez bajo otros titulares: una con más de 900 mil dólares en el Banco Lombard Odier de Suiza y otra con casi 4 millones de euros en el Banco CBH de Bahamas.