Una mujer fue declarada penalmente responsable por haber cometido 63 estafas reiteradas en el marco de una causa por venta fraudulenta de terrenos en la meseta de la ciudad de Neuquén. La resolución se conoció tras una audiencia en la que se homologó un acuerdo entre las partes, luego de que la imputada reconociera su participación en los hechos.
La investigación fue impulsada por el fiscal del caso, Juan Narváez, junto a la asistente letrada Tanya Cid, y permitió acreditar que Miriam Claudia Alejandra Godoy actuó como coautora en una maniobra que afectó a decenas de familias. La acusada admitió su responsabilidad penal, renunció al juicio oral en esta etapa y aceptó avanzar directamente hacia la discusión de la pena.
El tribunal, integrado por los jueces Marco Lupica Cristo, Cristian Piana y Raúl Aufranc, resolvió por unanimidad validar el acuerdo alcanzado entre la fiscalía, la querella y la defensa. Durante la audiencia, se destacó que la imputada aceptó el proceso de manera voluntaria y con pleno conocimiento de sus implicancias legales.
Según la acusación, los hechos ocurrieron entre 2016 y julio de 2022, período en el que Godoy operó junto a Mario Osvaldo Del Río —quien ya fue condenado en esta causa—. Ambos utilizaban el nombre y la estructura de la Cooperativa 14 de Octubre para captar a personas interesadas en adquirir terrenos en la meseta neuquina.
La investigación determinó que 63 familias resultaron damnificadas. El perjuicio económico fue estimado en más de 61,9 millones de pesos y 13.450 dólares, sin que los compradores recibieran contraprestación alguna.
Cómo era el mecanismo de estafa
El mecanismo consistía en inducir a error a las víctimas para que efectuaran pagos por lotes que nunca eran adjudicados. Para ello, desviaban el dinero que debía ser abonado a la empresa desarrolladora hacia cuentas bajo su control y entregaban documentación informal o inválida con el fin de simular operaciones legales.
La investigación determinó que 63 familias resultaron damnificadas. El perjuicio económico fue estimado en más de 61,9 millones de pesos y 13.450 dólares, sin que los compradores recibieran contraprestación alguna.
Inducían a las víctimas para que efectuaran pagos por lotes que nunca eran adjudicados. Para ello, desviaban el dinero que debía ser abonado a la empresa desarrolladora hacia cuentas bajo su control y entregaban documentación informal o inválida con el fin de simular operaciones legales.
Entre las pruebas valoradas por el tribunal se incluyeron testimonios de las víctimas, documentación contractual, pericias contables, caligráficas e informáticas, así como registros de comunicaciones que evidenciaron la coordinación de la maniobra y el desvío de fondos para fines personales.
El juez Lupica Cristo señaló que el acuerdo cumplía con todos los requisitos legales, contaba con sustento probatorio suficiente y garantizaba el respeto de los derechos de las partes, por lo que correspondía su homologación.
Tras la declaración de responsabilidad penal, se abrió ahora una nueva etapa en el proceso. Las partes cuentan con un plazo de cinco días para ofrecer pruebas de cara a la instancia de cesura, en la que se debatirá la pena que deberá cumplir la condenada.
