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Un conductor quedó imputado con prisión domiciliaria por causar dos muertes en Ruta 6: iba alcoholizado y sin licencia

El conductor le había sacado la camioneta a su padre, iba a más de 160km/h y provocó dos muertes. Además tras el accidente intentó hacerle creer a uno de los ocupantes que él era quien conducía.

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Todos los ocupantes resultaron heridos y las dos víctimas salieron despedidas.

La fiscal del caso de la región Vaca Muerta Norte, Cintia Moya, formuló cargos contra un hombre por provocar un siniestro vial en el que murieron dos jóvenes y otros dos ocupantes de la camioneta sufrieron lesiones graves. El mínimo por el delito es ocho años de prisión.

El imputado conducía a una velocidad mínima de 167 kilómetros por hora, con 1,34 gramos de alcohol por litro de sangre y sin licencia habilitante.

El hecho ocurrió el 20 de septiembre de 2026, alrededor de las 10:30, sobre la ruta provincial 6, a la altura del camping de Petroleros Jerárquicos, en Rincón de los Sauces.

El imputado conducía una camioneta Toyota Hilux en dirección al ingreso de la ciudad. En el vehículo viajaban cuatro personas: A.J., en el asiento del acompañante, y L.V., Serena Salazar y Aldana Lara, en el asiento trasero.

La fiscal sostuvo que Hernández circulaba a una velocidad mínima de 167 kilómetros por hora, en un tramo urbano donde la máxima permitida es de 60, y que tenía 1,34 gramos de alcohol por litro de sangre. Además, no contaba con licencia de conducir.

Moya señaló que el imputado conocía esas circunstancias y también los riesgos de conducir en esas condiciones, en un sector con una intersección y una bicisenda lateral.

Pese a saber que no tenía posibilidades de reaccionar ante un imprevisto y conservar el dominio del vehículo, continuó conduciendo y aceptó la posibilidad de causar la muerte o lesiones graves a los ocupantes.

La mecánica del accidente que dejó dos muertes

De acuerdo con la reconstrucción del hecho, el conductor perdió el control de la camioneta, que salió de la cinta asfáltica hacia la banquina norte. El vehículo derrapó alternadamente entre la calzada y la banquina durante aproximadamente 185 metros y luego volcó, dando ocho tumbos a lo largo de otros 49 metros, hasta quedar sobre sus cuatro ruedas en el sector de la bicisenda.

Como consecuencia del vuelco, Serena Salazar y Aldana Lara fueron despedidas del habitáculo y murieron en el lugar. Ambas fallecieron por politraumatismos graves producto del impacto.

En tanto, A.J. sufrió traumatismos de tórax, fracturas de ambas clavículas y una contusión pulmonar. L.V. sufrió traumatismos de cráneo, tórax y abdomen, fracturas múltiples de pelvis, lesiones en la columna vertebral y una fractura de tobillo. Permaneció internado durante un mes y actualmente continúa con internación domiciliaria.

La prisión domiciliaria

Al fundamentar el pedido de prisión domiciliaria, la fiscal Moya sostuvo que existe un riesgo concreto de entorpecimiento de la investigación. Como fundamento, señaló que el imputado ya intentó influir sobre uno de los sobrevivientes.

Hernández se contactó con L.V. a través de Instagram e intentó hacerle creer que él era quien conducía la camioneta al momento del siniestro. El sobreviviente le respondió que el conductor era Hernández y manifestó que le resultó extraño el intento de atribuirle esa responsabilidad.

La calificación legal y prisión domiciliaria

La fiscal atribuyó a Hernández los delitos de homicidio simple (dolo eventual), en dos hechos, en concurso ideal con lesiones graves, en dos hechos, en carácter de autor.

Entre las evidencias presentadas durante la audiencia se encuentran los informes de autopsia de las dos víctimas fallecidas, las historias clínicas de los sobrevivientes, entrevistas a testigos, el informe mecánico y una pericia accidentológica que estableció que la camioneta circulaba a una velocidad mínima de 167 kilómetros por hora.

El juez de garantías Marco Lupica Cristo tuvo por formulados los cargos y, a pedido de la fiscal, dispuso que el imputado cumpla cuatro meses de prisión domiciliaria.

La medida incluye rondines policiales sorpresivos y la colocación de un dispositivo de geolocalización, previo informe sobre su viabilidad.

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