Un tribunal de Impugnación (T.I.) rechazó el pedido del Ministerio Público Fiscal (MPF) para que se deje sin efecto la prisión domiciliaria otorgada a E.G.Q., uno de los tres imputados en un caso por comercialización de estupefacientes en Chos Malal, que fue récord por la cantidad de droga hallada.
La solicitud la hicieron hoy la fiscal del caso Natalia Rivera y el fiscal del caso Víctor Salgado. Y el T.I., integrado por los jueces Mauricio Macagno y Richard Trincheri y la jueza Patricia Lupica Cristo, rechazó la admisibilidad del planteo por unanimidad.
La discusión sobre el cumplimiento de la medida se originó el 14 de agosto pasado, cuando en una audiencia el juez de garantías Maximiliano Bagnat prorrogó tanto el plazo de la investigación como la medida de coerción desde el 19 de agosto hasta el 19 de septiembre.
No admitieron la impugnación: seguirá con domiciliaria
En esa audiencia, el tribunal revisor —integrado por el juez Juan Balderrama y las juezas Leticia Lorenzo y Carolina González— modificó la modalidad de cumplimiento de la medida y dispuso que E.G.Q. cumpliera la prisión preventiva bajo la modalidad domiciliaria, con un dispositivo dual de monitoreo electrónico, manteniendo el plazo de un mes fijado previamente.
Posteriormente, el juez Balderrama notificó a través de un mail que se delegaba en el Ministerio Público Fiscal el control de la medida de coerción.
Ante ello, la fiscalía solicitó una audiencia de modificación de medidas de coerción, en la cual intervino la jueza de garantías Laura Barbé, el 19 de agosto. En dicha oportunidad, la jueza rechazó el planteo de MPF al considerar que no podía modificar una medida impuesta por un tribunal revisor y dispuso la implementación de rondines policiales sorpresivos.
Ante esta situación, el Ministerio Público Fiscal interpuso un recurso de impugnación pero, en la audiencia realizada hoy, el Tribunal de Impugnación no lo admitió, por lo cual la medida sigue igual.
El caso
La audiencia de este miércoles fue exclusivamente respecto de E.G.Q. La investigación tiene otros dos imputados: S.V.B., pareja de E.G.Q., y M.A.C.
E.G.Q. y S.V.B. están acusados como coautores de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, agravada por haberse cometido en las inmediaciones de establecimientos de enseñanza o lugares de concurrencia de niños y niñas.
En tanto, M.A.C. fue imputado por facilitar un elemento para la comercialización destinada a consumidores, debido a que, según la acusación fiscal, puso a disposición una camioneta utilizada para el traslado y acondicionamiento de la droga.
De acuerdo con la teoría del caso del Ministerio Público Fiscal, E.G.Q. y S.V.B. residían en una vivienda del barrio Centenario de Chos Malal, donde el 17 de abril se realizó un allanamiento. Durante el procedimiento fueron secuestrados 34 kilos de Cannabis Sativa, cuyo valor estimado en el mercado era de $680 millones y que equivalían a unas 68 mil dosis.
La droga se encontraba distribuida en distintos sectores de la vivienda y en diferentes modalidades de presentación. Se secuestraron una balanza de precisión, bolsas de nylon tipo Ziploc de distintos tamaños, gran cantidad de recortes de nylon, una máquina contadora de billetes, dispositivos electrónicos y dinero en efectivo, elementos vinculados con el fraccionamiento y comercialización de estupefacientes.
En el patio de la vivienda también fue hallado un invernadero destinado al cultivo.
La participación de otro de los imputados
Respecto de M.A.C., la fiscalía sostiene que, entre el 8 de julio de 2025 y el 17 de abril de 2026, mantuvo el dominio y disponibilidad de una camioneta y la facilitó para su utilización en el traslado y acondicionamiento de droga destinada a la venta. Durante el allanamiento, en el interior del vehículo fueron encontrados dos frascos de vidrio que contenían 263 gramos de Cannabis Sativa en forma de cogollos.
