Una investigación encabezada por la fiscal del caso Eugenia Titanti, junto con la División Antinarcóticos de Añelo y la Brigada de Investigaciones de Vaca Muerta de la Policía de Neuquén, permitió desarticular una presunta organización dedicada al comercio de estupefacientes que operaba en San Patricio del Chañar.
Como resultado de la investigación, seis personas fueron imputadas por integrar una estructura criminal dedicada a la venta de cocaína y cannabis. Cuatro de ellas quedaron detenidas con prisión preventiva, dos cumplirán arresto domiciliario y uno de los sospechosos continúa prófugo.
La causa comenzó a partir de denuncias anónimas y derivó en una compleja investigación que permitió reconstruir el funcionamiento de la organización, identificar los puntos de venta y establecer los distintos roles que cumplían sus integrantes.
Una investigación iniciada por denuncias anónimas
La investigación se inició mediante denuncias recibidas a través del sistema de códigos QR del Ministerio Público Fiscal y de la plataforma "Neuquén Te Cuida" de la Policía provincial.
A partir de esa información, la fiscal Titanti trabajó junto al asistente letrado Luciano Vidal y la asistente letrada Galia Borelli, mientras que las tareas investigativas fueron desarrolladas por las divisiones especializadas de la Policía.
Durante semanas se realizaron tareas de vigilancia, seguimientos y recolección de pruebas que permitieron determinar, según la hipótesis fiscal, la existencia de una organización estable dedicada al comercio de estupefacientes.
La investigación sostiene que la actividad ilícita se desarrolló, al menos, entre junio y el 24 de julio de 2026.
Como resultado de la investigación, seis personas fueron imputadas por integrar una estructura criminal dedicada a la venta de cocaína y cannabis. Cuatro de ellas quedaron detenidas con prisión preventiva, dos cumplirán arresto domiciliario y uno de los sospechosos continúa prófugo.
La acusación: una organización con funciones definidas
Durante la audiencia de formulación de cargos, el juez de garantías Marco Lupica Cristo avaló la imputación presentada por la fiscalía contra seis personas. Todos fueron acusados del delito de comercio de estupefacientes agravado por la intervención de tres o más personas organizadas para cometerlo, en calidad de coautores.
Para la fiscalía, no se trataba de vendedores aislados, sino de una organización con funciones claramente diferenciadas.
Según la investigación, D.A.M.A. y C.S.G. ocupaban los roles de coordinación y liderazgo. Eran quienes obtenían las sustancias, abastecían los distintos puntos de venta y administraban las ganancias generadas por la actividad. En tanto, A.X.T., A.C., C.H.G. y N.J.G. cumplían funciones vinculadas con la atención de los lugares de venta y la distribución de drogas.
Además, W.E.B. fue señalado por ofrecer estupefacientes mediante redes sociales y concretar las entregas bajo la modalidad conocida como delivery.
Tres puntos de venta y un sistema de delivery
De acuerdo con la teoría del caso presentada por el Ministerio Público Fiscal, la organización operaba desde tres inmuebles distribuidos en distintos sectores de San Patricio del Chañar. Los investigadores identificaron un domicilio en el barrio 76 Viviendas, una vivienda ubicada sobre calle Cordillera del Viento y una casilla instalada en el sector Toma La Costa.
La fiscal sostuvo que en esos lugares se fraccionaban y comercializaban diariamente cocaína y cannabis. Las ventas se realizaban principalmente durante la noche mediante dos modalidades. La primera consistía en la venta directa, conocida en el ambiente del narcotráfico como "pasamanos", donde compradores y vendedores concretaban rápidamente la operación en los puntos fijos. La segunda modalidad era un sistema de delivery, mediante el cual la droga era trasladada utilizando automóviles y motocicletas hasta distintos lugares de la localidad.
Los allanamientos
La investigación culminó el pasado 24 de julio con una serie de allanamientos simultáneos realizados por efectivos de la División Antinarcóticos de Añelo y la Brigada de Investigaciones de Vaca Muerta.
Durante los procedimientos fueron secuestrados aproximadamente: 850 gramos de cocaína, 192,5 gramos de cannabis, ocho balanzas de precisión, más de 1,3 millones de pesos en efectivo, 22 teléfonos celulares, municiones y vehículos utilizados presuntamente para la distribución de drogas.
Para la fiscalía, estos elementos constituyen evidencia que refuerza la hipótesis de que existía una estructura organizada dedicada al abastecimiento, fraccionamiento y comercialización de estupefacientes.
La fiscal sostuvo que en esos lugares se fraccionaban y comercializaban diariamente cocaína y cannabis. Las ventas se realizaban principalmente durante la noche mediante dos modalidades. La primera consistía en la venta directa, conocida en el ambiente del narcotráfico como "pasamanos", donde compradores y vendedores concretaban rápidamente la operación en los puntos fijos. La segunda modalidad era un sistema de delivery, mediante el cual la droga era trasladada utilizando automóviles y motocicletas hasta distintos lugares de la localidad.
La investigación continúa
Durante la audiencia, Titanti explicó que la causa aún se encuentra en una etapa inicial. Entre las medidas pendientes figuran el análisis del contenido de los teléfonos celulares secuestrados, el estudio de movimientos en billeteras virtuales y otras pericias destinadas a establecer si existen más personas involucradas en la organización.
Uno de los imputados, identificado como A.C., no pudo ser sometido a la audiencia de formulación de cargos porque permanece prófugo.
Clausuran uno de los inmuebles allanados
Como parte de las medidas adoptadas durante la audiencia, el juez Marco Lupica Cristo dispuso la clausura por cuatro meses de uno de los inmuebles allanados. La decisión fue tomada en el marco del artículo 152 del Código Procesal Penal y busca preservar posibles elementos de prueba, evitar alteraciones del lugar y garantizar el normal avance de la investigación.
Cuatro detenidos con prisión preventiva
Al resolver las medidas cautelares, el magistrado recordó que la prisión preventiva constituye una medida excepcional, aunque entendió que en algunos casos existían riesgos procesales suficientes para justificarla.
En consecuencia, dispuso la prisión preventiva por un mes para C.S.G., C.H.G. y A.X.T; prisión preventiva por cuatro meses para D.A.M.A., al considerar acreditados riesgos de fuga y de entorpecimiento de la investigación.
Respecto de N.J.G. y W.E.B., el juez autorizó el cumplimiento de prisión domiciliaria por cuatro meses, bajo estrictas condiciones y controles policiales.
La causa constituye uno de los procedimientos más importantes por microtráfico realizados este año en San Patricio del Chañar. Para el Ministerio Público Fiscal, la investigación permitió identificar una organización con una estructura definida, distintos puntos de comercialización y un sistema de distribución que combinaba ventas directas y entregas a domicilio.
Un imputado también fue acusado por un ataque con cuchillo
Además de la causa por microtráfico, la fiscalía formuló cargos contra C.S.G. por un hecho de lesiones leves ocurrido el 12 de julio de 2026.
Según la acusación, alrededor de las 3.50 de la madrugada, tras una discusión originada por una maniobra de tránsito en la esquina de Gasparri Sur y Río Limay, el imputado atacó con un cuchillo a otro hombre.
La víctima sufrió heridas en el glúteo derecho y en la oreja izquierda, por lo que permaneció internada durante 24 horas en el Hospital Regional Castro Rendón.
Tras la agresión, el acusado escapó del lugar a bordo de un Volkswagen Polo rojo, según sostuvo la fiscalía.
Claves de la investigación
La causa constituye uno de los procedimientos más importantes por microtráfico realizados este año en San Patricio del Chañar. Para el Ministerio Público Fiscal, la investigación permitió identificar una organización con una estructura definida, distintos puntos de comercialización y un sistema de distribución que combinaba ventas directas y entregas a domicilio.
Con parte de los sospechosos detenidos, uno prófugo y numerosas pericias aún pendientes, la investigación continuará durante los próximos cuatro meses para determinar el alcance total de la presunta organización y establecer si existen otros integrantes involucrados
