Osvaldo Andrés Leal, el docente declarado culpable por 11 abusos sexuales contra niñas de entre seis y siete años en las escuelas 146 y 6 de San Antonio Oeste, quedó este martes frente al tramo final del proceso: la discusión sobre cuántos años deberá pasar en prisión. Mientras el Ministerio Público Fiscal y una de las querellas reclamaron nueve años de prisión efectiva y la inhabilitación perpetua para volver a ejercer como docente, otro de los abogados querellantes elevó el pedido a 12 años; en cambio, la defensa pidió apenas tres años de prisión en suspenso.
La audiencia de cesura puso así sobre la mesa una diferencia abismal entre las partes. De un lado, quienes representan a la acusación sostienen que la cantidad de víctimas, sus edades y el lugar donde ocurrieron los hechos deben tener un peso determinante al momento de establecer la pena. Del otro, la defensa intenta que el tribunal tome como referencia el tiempo que Leal ya lleva detenido y una propuesta anterior de juicio abreviado que no fue aceptada.
En primer lugar, el fiscal César Arbués fue contundente al fundamentar el pedido de nueve años de prisión efectiva. Para la acusación, no se trata solamente de la cantidad de hechos, sino también del contexto en el que ocurrieron. El funcionario puso el foco en cuatro elementos que consideró centrales: el acusado era docente, los hechos se produjeron dentro de escuelas, las víctimas eran niñas de entre seis y siete años y fueron 11 las víctimas alcanzadas por la condena.
Además, Arbués remarcó que durante el debate se habría establecido un patrón que se repitió en distintas escuelas de San Antonio Oeste: niñas, dentro del aula y bajo la influencia de un adulto que ocupaba una posición de autoridad. Para la Fiscalía, esa relación de confianza y asimetría no puede pasar inadvertida al momento de fijar el castigo.
Por eso, el pedido no se limitó a los nueve años de cárcel. La Fiscalía también reclamó que Leal sea inhabilitado de manera perpetua para ejercer la docencia, en cualquiera de sus ámbitos. El argumento fue directo: según la acusación, su condición de educador habría sido utilizada para concretar los abusos.
A continuación, el fiscal jefe Hernán Trejo adhirió al planteo y buscó correr el foco de la figura del condenado hacia las consecuencias que el proceso dejó sobre las víctimas. En ese sentido, señaló que durante el trámite judicial las niñas manifestaron tener miedo y que no querían quedarse solas.
El querellante Damián Torres siguió la misma línea y acompañó el pedido de nueve años. También hizo hincapié en la cantidad de casos y en la particular vulnerabilidad de las víctimas por su corta edad. Sin embargo, la audiencia tuvo un giro cuando tomó la palabra el abogado querellante Julio Alfonso. A diferencia de sus colegas, reclamó 12 años de prisión efectiva.
Con visible emoción, Alfonso puso el eje en las consecuencias que los abusos habrían dejado en las niñas y sostuvo que la infancia de las víctimas quedó marcada por lo ocurrido. También cuestionó las declaraciones de algunas docentes convocadas por la defensa y consideró inadmisible equiparar las declaraciones de profesionales adultas con las de niñas que tenían apenas seis o siete años al momento de los hechos.
Después fue el turno del Defensor de Menores, Juan José Álvarez Costa, quien adhirió íntegramente al pedido realizado por el Ministerio Público Fiscal.
Pero la postura más distante apareció al final, cuando intervino el defensor Emiliano Gallego. La defensa pidió tres años de prisión en suspenso, una pretensión que quedó muy lejos de los nueve y doce años reclamados por la acusación. Cuestionó que sus colegas hubieran llevado el debate hacia un terreno emocional y sostuvo que se habían presentado testimonios destinados a acreditar el daño en cuatro casos, preguntándose qué había ocurrido con los otros siete.
También intentó poner en escena una cara diferente de Leal. Recordó que algunas niñas habían manifestado en Cámara Gesell que el docente era bueno y que les llevaba juguetes. Además, destacó que el acusado permaneció tres meses en libertad sin oponer resistencia y sostuvo que los 11 hechos debían analizarse individualmente.
Pero hubo otro argumento que promete generar discusión: la defensa recordó que el 13 de abril se había ofrecido un procedimiento de juicio abreviado con una pena de cinco años de prisión efectiva. Leal no aceptó ese acuerdo porque implicaba asumir su culpabilidad. Para Gallego, esa circunstancia no puede ser utilizada ahora para aumentar la pena. Incluso planteó que el condenado podría terminar siendo castigado por haber ejercido su derecho a defenderse y no aceptar aquella propuesta.
La defensa también pidió que se tenga especialmente en cuenta que Leal ya lleva alrededor de dos años privado de su libertad. Con ese argumento, sostuvo que no necesita un proceso de resocialización como el que podría requerir otra persona y reclamó el mínimo legal.
Ahora la pelota quedó del lado del tribunal integrado por Marcelo Álvarez, Marcelo Chironi y Carlos Reussi. Los jueces cerraron el debate y deberán resolver cuál será finalmente la pena que deberá cumplir El veredicto podría conocerse recién el martes 1 de septiembre. Será entonces cuando termine de definirse el capítulo que falta en una causa que comenzó con denuncias por abusos en escuelas de San Antonio Oeste y que terminó con una condena por 11 hechos contra niñas de corta edad.
