Un hombre que agredió y amenazó a su expareja después de ingresar sin autorización a su vivienda deberá pagar $5 millones, realizar 140 horas de trabajo comunitario, completar un tratamiento psicológico y cumplir una serie de medidas durante los próximos 18 meses. El dinero será destinado a la víctima y a un programa municipal de Neuquén que trabaja con mujeres que atraviesan situaciones de violencia de género.
El caso ocurrió en Centenario y tuvo como víctima a una mujer que había mantenido una relación de pareja con el acusado, identificado por las iniciales L.B.C.. El hombre fue acusado por el Ministerio Público Fiscal (MPF) por los delitos de amenazas, violación de domicilio y lesiones graves doblemente calificadas por el vínculo y por violencia de género.
La resolución se tomó en una audiencia realizada en la Ciudad Judicial, donde se acordó una Suspensión de Juicio a Prueba (SJP). La medida fue avalada por el juez de Garantías Juan Guaita.
Entró por una puerta trasera y la atacó
El hecho ocurrió el 20 de diciembre de 2025, alrededor de las 22. El acusado y la víctima habían mantenido una relación de pareja y habían convivido de manera esporádica en el domicilio de la mujer, ubicado en Centenario.
Al día siguiente, alrededor de las 8, L.B.C. llamó por teléfono a su expareja y le preguntó si podía acercarse a su casa. La mujer le respondió que no. Según la acusación presentada por la Fiscalía, ante esa negativa el hombre comenzó a insultarla y amenazarla. Minutos después, ingresó a la vivienda sin el consentimiento de la víctima y por una puerta trasera.
Una vez dentro, se dirigió hacia la habitación donde estaba la mujer y comenzó a preguntarle: “¿Con quién estás?”. Ella le respondió que estaba sola. Luego, según se describió en la audiencia, el acusado comenzó a revisar distintos sectores de la vivienda, entre ellos el baño y otra habitación. Posteriormente, comenzó a golpear a la mujer con los puños en distintas partes del cuerpo. La agresión le provocó lesiones en los ojos, el cuello y el mentón.
En medio del ataque, la mujer consiguió salir de la habitación y refugiarse en la casa de un familiar que se encuentra junto a su vivienda. Desde allí recibió asistencia y fue trasladada al hospital local para recibir atención médica por las lesiones sufridas.
Deberá pagar $5 millones
Durante la audiencia, la asistente letrada Analía García presentó las condiciones de la Suspensión de Juicio a Prueba otorgada al acusado.La Fiscalía explicó que esta salida alternativa fue posible porque el delito atribuido contempla una pena inferior a tres años de cumplimiento condicional y porque L.B.C. no registra antecedentes penales. Uno de los principales requisitos será el pago de $5 millones dentro de los 30 días posteriores a la audiencia.
Lo que deberá pagar y lo que tendrá que hacer:
- $4 millones para la víctima, en concepto de reparación.
- $1 millón para el programa “Las mujeres hacemos”, dependiente de la Subsecretaría de Mujeres de la Municipalidad de Neuquén.
- Cumplir otras pautas durante un período de 18 meses.
- 140 horas de trabajo comunitario y tratamiento psicológico
- Asistir a un curso dictado por el Dispositivo de Atención a Varones, destinado a abordar las conductas vinculadas con situaciones de violencia.
- Finalizar un tratamiento psicológico que ya había comenzado.
- Presentarse cada cuatro meses ante la Dirección de Población Judicializada.
- No podrá mantener ningún tipo de contacto con la víctima por ningún medio.
La suspensión del juicio a prueba tiene una duración de 18 meses y está condicionada al cumplimiento de todas las medidas establecidas por la Justicia. En caso de que el acusado incumpla alguna de las pautas, la SJP puede quedar sin efecto y el proceso penal podría continuar, con la posibilidad de que se imponga una pena de prisión efectiva.
“La víctima ha sido notificada de la resolución del caso y brindó su consentimiento para aplicar esta salida alternativa”, indicó la asistente letrada durante la audiencia.
El dinero será destinado a un programa para mujeres
El aporte de $1 millón al programa “Las mujeres hacemos” se enmarca en un convenio firmado en 2025 entre el fiscal general José Gerez y autoridades de la Municipalidad de Neuquén.
El acuerdo establece, entre otros objetivos, que los fondos recaudados en causas desarrolladas en contextos de violencia de género puedan ser destinados a programas vinculados con la prevención y el abordaje de estas situaciones. En este caso, el dinero deberá ser depositado como parte de las condiciones fijadas para la suspensión del juicio a prueba.
Con la resolución judicial, L.B.C. evitará por ahora la realización del juicio oral, pero deberá cumplir durante los próximos 18 meses con todas las obligaciones impuestas. El incumplimiento de cualquiera de ellas podría hacer caer el beneficio y reactivar el proceso penal.
