En una medida que busca transformar sanciones judiciales en oportunidades de autonomía, la Municipalidad de Neuquén y el Ministerio Público Fiscal (MPF) firmaron un convenio para destinar fondos provenientes de causas de violencia de género al fortalecimiento del programa “Las Mujeres Hacemos”.
El acuerdo establece que, en casos donde se aplique Suspensión del Proceso a Prueba o penas de ejecución condicional, fiscales podrán solicitar que las donaciones económicas fijadas como regla de conducta a los imputados sean dirigidas al programa municipal que acompaña a mujeres víctimas de violencia.
Los fondos se depositarán en una cuenta de la Municipalidad y estarán destinados exclusivamente a la compra de herramientas e insumos para microemprendimientos de mujeres que participan del programa.
La subsecretaria de las Mujeres, Alejandra Oeheres, destacó el valor de la iniciativa y explicó que uno de los factores que profundiza la violencia de género es la dependencia económica. “Una de las principales características de la violencia de género radica en la falta de independencia económica de las mujeres, agravada por las tareas de cuidado que recaen casi exclusivamente sobre ellas”, señaló durante la firma del acuerdo realizada en la Sala de Conferencias de la fiscalía general en Ciudad Judicial.
La funcionaria remarcó que el programa municipal ya permitió que 120 mujeres desarrollen microemprendimientos desde sus hogares, luego de recibir capacitación en distintos oficios y acompañamiento del municipio. “El objetivo es que puedan tener independencia económica, que no dependan del Estado, pero tampoco del varón violento ni de una cuota alimentaria que muchas veces no llega”, explicó.
Además, señaló que la iniciativa representa un fuerte impulso para mujeres que atraviesan situaciones críticas, incluso aquellas con riesgo alto de femicidio, quienes muchas veces no pueden salir a trabajar hasta que avance la causa judicial.
Por su parte, el fiscal general José Gerez calificó el convenio como una experiencia innovadora a nivel nacional. “Es una experiencia muy novedosa en el país: el Ministerio Público trabajando con un gobierno local. Muchas veces las pautas de conducta en estos casos se traducen en donaciones de dinero, y qué mejor que esos fondos se destinen a ayudar a las víctimas a generar su independencia económica”, sostuvo.
El acuerdo también establece que el MPF deberá informar mensualmente los montos depositados, mientras que la subsecretaría de las Mujeres presentará reportes periódicos sobre el destino y ejecución de los fondos.
Desde el municipio destacaron que este tipo de articulaciones forman parte de una política pública más amplia para abordar la violencia de género en la ciudad.
El secretario de Turismo y Promoción Humana, Diego Cayol, remarcó el trabajo conjunto con el Ministerio Público Fiscal y mencionó el rol del Observatorio de Violencia contra las Mujeres, que aporta información clave para el diseño de políticas públicas. “Venimos a ratificar una línea de trabajo que apunta a la protección de los derechos de las mujeres víctimas de violencia de género”, expresó.
Con este nuevo mecanismo, recursos que antes quedaban como sanciones judiciales se transformarán en herramientas concretas para que mujeres puedan reconstruir su autonomía económica y sus proyectos de vida.
