Un conflicto por tierras en El Bolsón terminó en la Justicia después de que una persona ingresara con maquinaria pesada a un predio, sacara el alambrado existente y desplazara a quienes ocupaban el lugar desde hacía años. Ahora, un fallo judicial ordenó devolver el terreno a los ocupantes originales y advirtió que, si no se cumple la medida, podrá ejecutarse un desalojo con intervención de la fuerza pública.
El episodio ocurrió en una fracción ubicada sobre avenida Belgrano. Según la reconstrucción judicial, la demandada llegó al lugar invocando ser la propietaria registral del inmueble, pidió que retiraran vehículos estacionados y luego avanzó con un camión y maquinaria pesada sobre el terreno.
Después removió el cerco perimetral, realizó excavaciones y colocó un nuevo alambrado. Desde ese momento, quienes utilizaban el predio quedaron afuera y sin posibilidad de ingresar. El reclamo incluyó además el corte del suministro de agua que abastecía departamentos cercanos desde una bomba instalada en el lugar.
Quien inició la demanda sostuvo que ocupaba esa fracción desde hacía años a partir de una operación de compraventa y trabajos realizados como parte de pago. También aseguró que allí guardaba máquinas, herramientas y vehículos, además de contar con una construcción utilizada como oficina o tinglado.
La otra parte rechazó las acusaciones y defendió su posición con documentación dominial. Afirmó ser titular registral del inmueble completo y negó que existiera una fracción independiente ocupada por terceros. Sin embargo, el juzgado dejó en claro que el eje de la discusión no era la escritura ni la propiedad formal.
La jueza explicó que el interdicto de recobrar no busca resolver quién es dueño del terreno, sino determinar quién tenía la posesión material antes del conflicto y si esa situación fue alterada por vías de hecho. En ese sentido, valoró testimonios, fotografías, actas policiales, inspecciones oculares y pruebas de una causa penal iniciada por presunta usurpación.
Con todos esos elementos, la magistrada concluyó que existía una posesión previa concreta y que luego se produjo un despojo material atribuido a la demandada. Por eso ordenó restituir el predio en un plazo de diez días. El fallo todavía puede ser apelado, pero si la orden no se cumple, la Justicia ya dejó abierta la puerta para un desalojo forzado con intervención policial.
