El presidente del Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Río Negro, Ricardo Apcarián, rompió el silencio sobre el escándalo por el robo de armas secuestradas de la Ciudad Judicial de General Roca y confirmó que el faltante bajo investigación asciende a 102 armas. Además, reveló que una parte del arsenal ya fue recuperada. Sin embargo, evitó explicar quiénes las sacaron de un depósito judicial que debía estar bajo máxima custodia, cómo pudieron desaparecer y quiénes fallaron en los controles dentro del Poder Judicial.
Como una bomba en los tribunales
La declaración del titular del máximo órgano judicial de la provincia cayó como una bomba dentro de tribunales. Hasta ahora, el escándalo avanzaba entre auditorías reservadas, sumarios internos y un fuerte hermetismo judicial. Es más, el fiscal Jefe de Cipolletti, Santiago Márquez Gauna encabeza una comisión especial encargada de la investigación. Pero por primera vez, la cabeza del STJ admitió públicamente la magnitud del descontrol: más de un centenar de armas desaparecieron del depósito judicial de Roca y algunas de ellas ya reaparecieron en circunstancias que todavía no fueron aclaradas.
"Algunas armas se han recuperado", dijo Apcarián durante una entrevista televisiva. La frase, corta pero explosiva, abrió todavía más interrogantes alrededor de una causa que sacude al Poder Judicial rionegrino desde hace varias semanas. Porque aunque confirmó recuperos, nunca explicó cuántas armas aparecieron, dónde estaban ni en manos de quiénes fueron encontradas.
Y ahí es donde el escándalo se vuelve todavía más grave. Las armas desaparecidas no estaban en cualquier lugar: eran secuestros judiciales vinculados a causas penales y debían permanecer bajo estricta cadena de custodia dentro de la Ciudad Judicial de Roca. Sin embargo, alguien logró sacar revólveres, pistolas y hasta escopetas sin que nadie lo detectara durante años.
Además, el propio Apcarián reconoció que los controles no alcanzaron para evitar semejante agujero dentro de tribunales. La admisión dejó expuesta una situación delicadísima para la Justicia provincial, porque el faltante no se descubrió a partir de un control interno eficiente, sino después de que una de las armas que debía estar guardada en tribunales apareció en un procedimiento policial en Roca. Ese hallazgo fue el que terminó destapando el escándalo.
Qué se sabe de las armas desaparecidas
Con el avance de la investigación comenzaron a conocerse detalles inquietantes sobre el arsenal desaparecido. El listado elaborado por la Fiscalía incluyó armas calibre 22, 32, 38, pistolas 9 milímetros, 45 y hasta pistolas Magnum y escopetas. Parte de ese armamento tiene alto poder de fuego y un enorme valor dentro del mercado ilegal.
Sin embargo, pese a la gravedad institucional del caso, el presidente del STJ evitó hacer referencias concretas sobre posibles responsabilidades internas. Tampoco habló de los empleados que tenían acceso a los depósitos, ni de quiénes debían controlar el movimiento de las armas dentro del edificio judicial. Es que el Ministerio Público lleva adelante una investigación por personal de otra circunscripción para evitar cualquier fuga de información que pueda entorpecer la causa.
Mientras tanto, la causa penal se investiga en Cipolletti, el resto de armas que estaban depositadas en el edificio fueron enviadas al depósito policial en Viedma y en paralelo, dentro del Poder Judicial avanzan seis sumarios administrativos para intentar reconstruir cómo desapareció semejante cantidad de armas sin que nadie encendiera las alarmas. Por el momento trascendió que se hicieron inspecciones en el edificio y declaró el personal de mantenimiento con acceso a todas las llaves de las oficinas del edificio de la calle San Luis.
Además, el escándalo obligó a reforzar de urgencia la seguridad en los depósitos judiciales de Roca. En las últimas semanas se instalaron nuevas cámaras de vigilancia, cerraduras electrónicas y restricciones de acceso en los sectores donde se almacena el armamento secuestrado. Medidas que, para muchos dentro de tribunales, llegaron demasiado tarde.
Otro dato que profundiza la preocupación es que el último arqueo general del depósito se habría realizado en 2023. Es decir, durante años pudo haber existido movimiento irregular de armas sin ningún control efectivo.
