La promesa de acceder a un lote propio en la meseta de Neuquén habría sido el eje de una maniobra por la que tres directivos de la Cooperativa 127 Hectáreas La Sirena Limitada fueron acusados por 49 hechos de estafa. La Fiscalía sostiene que entre 2021 y 2022 captaron asociados ofreciéndoles terrenos de 200 metros cuadrados con servicios que, según la investigación, nunca estuvieron en condiciones de ser entregados.
La acusación fue presentada este viernes por la fiscal del caso, Rocío Rivero, durante una audiencia realizada en la Ciudad Judicial de Neuquén, que se extendió durante varias horas. El perjuicio económico estimado por el Ministerio Público Fiscal ronda los $4,5 millones, una cifra que corresponde a valores sin actualizar y que no contempla el reclamo civil impulsado por las víctimas.
Los acusados son Jorge Salas, quien se desempeñaba como presidente de la cooperativa; Roxana Huircaman, secretaria; y Beatriz Lebrero, tesorera.
De acuerdo con la teoría del caso planteada por la Fiscalía, los tres tuvieron distintos grados de participación en una maniobra que habría aprovechado la necesidad de acceder a una vivienda o a un terreno propio.
Rivero acusó a Salas como autor del delito de estafa en concurso real, mientras que atribuyó a Huircaman y Lebrero, responsabilidad como partícipes primarias.
La querella adhirió a la acusación del Ministerio Público Fiscal. Ahora será el juez de garantías Luciano Hermosilla quien deberá resolver si acepta la formulación de cargos en los términos planteados durante la audiencia.
La promesa de los lotes en la meseta
Según explicó la fiscal, Salas y Huircaman asumieron sus cargos dentro de la cooperativa a mediados de marzo de 2021 y poco después comenzaron a difundir el proyecto denominado “Meseta”, destinado al desarrollo de viviendas. El problema, de acuerdo con la investigación, era que la cooperativa no tenía la propiedad de las tierras que ofrecía.
Además, la urbanización dependía de que el inmueble fuera incorporado al ejido urbano de la ciudad de Neuquén mediante una ley provincial. Ese trámite finalmente no se concretó.
A pesar de esa situación, siempre según la acusación, Salas comenzó a celebrar contratos de cesión onerosa en los que se comprometía a entregar lotes de 200 metros cuadrados en un plazo de 24 meses, con servicios de luz, agua y calles enripiadas. La Fiscalía sostiene que los directivos conocían las dificultades para concretar el proyecto y, aun así, continuaron con el sistema de captación de nuevos asociados. En ese esquema, los interesados debían afrontar tanto la cuota social de la cooperativa como el pago correspondiente al loteo.
Rivero sostuvo durante la audiencia que los directivos habrían creado un mecanismo coordinado para incorporar asociados bajo la promesa de acceder a un terreno con servicios, pese a que se trataba de un inmueble ajeno y que la entidad no estaba en condiciones de cumplir con lo ofrecido.
El rol de la tesorera
Para la Fiscalía, la participación de Lebrero también resultó determinante. La acusación señala que, en su función de tesorera, recibía los fondos entregados por los asociados y luego disponía del patrimonio de la cooperativa siguiendo las directivas de Salas y Huircaman.
Por ese motivo, el Ministerio Público Fiscal considera que su intervención no fue secundaria, sino que resultó indispensable para el funcionamiento del mecanismo investigado.
Una investigación que podría extenderse seis meses
Además de formular los cargos, la Fiscalía pidió que la causa sea declarada compleja y que se establezca un plazo de seis meses para continuar con la investigación. El pedido se fundamentó principalmente en la cantidad de hechos y víctimas y en las medidas de prueba que todavía están pendientes.
Entre ellas se encuentra el análisis de teléfonos celulares secuestrados durante la investigación y el pedido de información a la Justicia Civil, que también interviene en causas vinculadas con el conflicto. La querella acompañó tanto la acusación como los planteos realizados por la Fiscalía.
La defensa de los tres acusados, en cambio, se opuso a la formulación de cargos y realizó además un planteo para restringir la difusión de información personal de sus representados.
Los abogados también solicitaron asistencia jurisdiccional para poder citar a una serie de testigos que revisten o revistieron funciones en el Ejecutivo municipal, el Concejo Deliberante y otros organismos públicos.
Qué debe resolver ahora el juez
Luego de escuchar a todas las partes, el juez de garantías Luciano Hermosilla dispuso un cuarto intermedio.
Al retomar la audiencia deberá resolver varios puntos: si acepta la formulación de cargos contra los tres directivos, si declara compleja la investigación y los distintos planteos realizados por la defensa.
Entre estos últimos se encuentran los relacionados con la publicidad de información personal de la secretaria y tesorera y la solicitud de asistencia para convocar a distintos testigos.
Por otra parte, frente al pedido de la defensa para recuperar distintos elementos secuestrados durante la investigación, la fiscal Rivero ofreció responder dentro de un plazo de diez días cuáles pueden ser devueltos. Para analizar cada caso, solicitó a los abogados que presenten un listado detallado de los elementos reclamados.
La causa continuará ahora con la definición judicial sobre los cargos y el alcance que tendrá la investigación durante los próximos meses.
