El Ministerio Público Fiscal (MPF) y la querella municipal avalaron el pedido de los abogados de dos comerciantes imputados por realizar maniobras defraudatorias en perjuicio del municipio de Andacollo, para que mediante una Suspensión de Juicio a Prueba (SJP) paguen $137 millones en concepto de reparación de daño y durante un año cumplan con una serie de pautas de comportamiento.
Qué dice la resolución
La resolución comprende a los comerciantes, K.C.V. y J.C.V., ya que en el caso hay otros dos imputados que eran funcionarios públicos al momento de los hechos -Eduardo Argentino Zenteno (secretario de Servicios, Redes y Espacios Verdes) y Carlos Daniel Leiva (director de Redes)-, que siguen bajo investigación.
Ambos comerciantes asumieron el compromiso de pagar $137 millones en reparación del daño a la Municipalidad de Andacollo, de la cual fueron proveedores a través de un corralón particular.
Además, cumplirán pautas de comportamiento durante un año, entre las que figuran presentarse de forma periódica en la Dirección de Población Judicializada; la prohibición de consumir estupefacientes y de excederse en el consumo de alcohol; no cometer delitos; y fijar un domicilio y avisar sobre cualquier cambio.
Por qué no irán presos
De este modo, K.C.V. y J.C.V. accedieron a una Suspensión de Juicio a Prueba (SJP), una herramienta que se aplica para resolver casos penales de forma alternativa cuando los acusados no tienen antecedentes penales, no son funcionarios públicos y están imputados por delitos que prevén una pena de cumplimiento condicional —sin ir a prisión—.
Durante la audiencia, la jueza de garantías aceptó los términos presentados por los abogados de los imputados, los cuales contaron con el aval del fiscal jefe Fernando Fuentes y de la representante legal de la Municipalidad de Andacollo, que intervino como querellante.
Cómo fueron la maniobras fraudulentas
De acuerdo a la investigación del Ministerio Público Fiscal (MPF), los hechos cometidos fueron 13 en total y el monto del perjuicio alcanzó los $128 millones. Las maniobras fueron ejecutadas con una estructura organizada y con roles distribuidos. Así, fueron certificadas "horas fantasma" de alquiler de maquinaria vial y la disposición ilegítima de áridos de la cantera municipal, entre otras maniobras.
Ambos comerciantes fueron acusados en noviembre pasado: K.C.V. por defraudaciones reiteradas en perjuicio de la administración pública (hechos 1-5 y 7) y asociación ilícita (hecho 8), todos en concurso real y en calidad de coautor, en concurso real con el delito de peculado (hecho 7), en calidad de partícipe necesario.
J.C.V. por defraudaciones reiteradas en perjuicio de la administración pública (hechos 1-5 y 7) y asociación ilícita (hecho 8), todos en concurso real y en calidad de autor, en concurso real con el delito de peculado (hecho 7), en calidad de partícipe necesario.
Tras la audiencia de este jueves, la investigación continuará respecto a los dos funcionarios públicos que están imputados en el caso.
