El gobernador Rolando Figueroa dispuso mediante un decreto la exoneración definitiva de tres exfuncionarios provinciales condenados por administración fraudulenta agravada.
Se trata de una decisión que reafirma la política de tolerancia cero frente a la corrupción, impulsada por su gestión desde el inicio del mandato.
La medida alcanzó a Ricardo Soiza, Marcos Osuna y Pablo Sanz, quienes se desempeñaban en áreas clave de la Subsecretaría de Trabajo y de la Subsecretaría General, y que fueron hallados responsables de integrar un esquema sistemático de desvío de fondos públicos destinados a planes sociales entre los años 2020 y 2022.
Si bien los exagentes se encontraban suspendidos y no percibían haberes desde 2023, el decreto firmado por el Ejecutivo provincial formalizó su separación definitiva de la Administración Pública.
Se les aplicó la sanción más grave prevista por el régimen de empleo público neuquino, en consonancia con la condena penal firme dictada por la Justicia.
Tras un sumario administrativo, se acreditó que los exfuncionarios transgredieron de manera grave las obligaciones y prohibiciones establecidas en los Convenios Colectivos de Trabajo y en el Estatuto del Personal Civil, incurriendo en conductas incompatibles con la función pública y lesionando el principio de confianza que debe regir la administración del Estado.
La Megacausa de los Planes Sociales concluyó en diciembre de 2025 con una sentencia del Tribunal Oral, integrado por los jueces Juan Manuel Kees, Juan Guaita y Luciano Hermosilla, que declaró penalmente responsables a 12 exfuncionarios por delitos de administración fraudulenta agravada en perjuicio de la administración pública.
Durante el proceso judicial se acreditó un perjuicio económico superior a los 153 millones de pesos, mediante maniobras fraudulentas que incluyeron el uso indebido de tarjetas de débito, la emisión irregular de cheques y la confección de listados paralelos de supuestos beneficiarios, para simular legalidad en el otorgamiento de los subsidios.
El decreto también regularizó la situación administrativa de Emanuel Victoria Contreras, quien había renunciado en 2024. Si bien no se le aplicó sanción disciplinaria, su responsabilidad administrativa quedó asentada.
De esta forma se ratificó la decisión política del gobierno provincial de no permitir la permanencia en el Estado de agentes con condenas penales o implicancias judiciales por hechos de corrupción.
