Lo que comenzó como una discusión entre vecinos por pelotas que terminaban del otro lado de una alameda terminó convirtiéndose en una batalla judicial que ya recorrió tribunales penales, juzgados civiles, la Cámara de Apelaciones y el Superior Tribunal de Justicia de Río Negro. Ahora, el expediente apunta a la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
En el centro de la polémica aparecen algunos nombres conocidos de Roca. Entre los propietarios del predio "El Gato Cojudo" figura el exintegrante del Superior Tribunal de Justicia Alberto Italo Balladini, junto a reconocidos empresarios de la ciudad. Todos son copropietarios de un terreno ubicado en uno de los sectores más exclusivos de la zona rural roquense, a pocos metros del autódromo, donde desde hace décadas se reúnen para compartir asados y disputar partidos de fútbol entre amigos durante los fines de semana.
Sin embargo, la tranquilidad de esos encuentros quedó envuelta en una disputa que fue creciendo con el paso de los años.
La vecina lindera, Aline Da Silva Olivera, una mujer brasileña radicada en Roca, denunció que las pelotas caían de manera permanente dentro de su propiedad y que, además, algunos jugadores ingresaban al terreno sin autorización para recuperarlas.
La tensión escaló tanto que terminó desembarcando en la Justicia Penal. Por un lado, Balladini y el empresario Nabil Pedro Zgaib denunciaron a la mujer por hurto, al sostener que se quedaba con las pelotas que caían en su lote. Por el otro, la vecina acusó a integrantes del grupo de ingresar sin permiso a su propiedad para buscarlas.
Aunque hubo un acuerdo impulsado por la Fiscalía, el conflicto nunca logró apagarse. Las pelotas siguieron cayendo, los cruces continuaron y la mujer decidió avanzar por la vía civil con una acción preventiva de daños.
Fue entonces cuando pidió una medida concreta: la instalación de una red de contención de ocho metros de altura para impedir que los balones siguieran cruzando la medianera.
En agosto de 2025, el juez civil José María Iturburu le dio la razón. El magistrado ordenó a los propietarios del predio colocar una red de poliéster de alta resistencia en un plazo de treinta días y estableció multas diarias en caso de incumplimiento.
Lejos de aceptar la decisión, los dueños de la cancha apelaron. Sin embargo, la Cámara de Apelaciones de Roca confirmó íntegramente la sentencia. Los camaristas consideraron que resultaba difícil sostener una postura que rechazaba la colocación de una red mientras se pretendía que la vecina devolviera las pelotas o tolerara el ingreso de personas a su propiedad para recuperarlas.
El revés no terminó allí. Los poderosos propietarios intentaron abrir una nueva instancia mediante un recurso de casación, pero la propia Cámara rechazó el planteo. Después llevaron el caso al Superior Tribunal de Justicia de Río Negro, que también cerró la puerta y ratificó la validez de la sentencia.
Ahora, tras acumular derrotas en primera instancia, en la Cámara y en el máximo tribunal provincial, el grupo de propietarios busca una última oportunidad ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Así, una historia que nació por las pelotas de los picados de fútbol de los fines de semana en una cancha privada de la zona rural de Roca terminó convirtiéndose en un expediente judicial que ya atravesó prácticamente todo el sistema judicial rionegrino y que todavía promete sumar un nuevo capítulo. Un problema de convivencia que genera costos altísimos para mover la maquinaria judicial.
