A pedido de la fiscal del caso Mariana Córdoba, un juez de garantías declaró como asunto complejo una investigación que reúne diez legajos vinculados a robos y hurtos de vehículos y prorrogó por dos meses la prisión preventiva del imputado, quien continuará detenido mientras avanza el proceso.
La audiencia había sido convocada para definir el pase a etapa de juicio, pero esa instancia fue suspendida debido a que las partes informaron que habían trabajado en la posibilidad de alcanzar un acuerdo de responsabilidad y que la defensa no se encontraba en condiciones de avanzar con el trámite.
La investigación comprende diez legajos en los que F.H.T. está acusado por distintos delitos contra la propiedad, la mayoría de ellos vinculados al robo y hurto de vehículos en la vía pública, en Neuquén entre 2023 y 2024. De acuerdo con la teoría del caso del Ministerio Público Fiscal, en varios de los hechos el imputado fue identificado a partir de registros de cámaras de seguridad.
El pedido de la fiscalía
En ese contexto, Córdoba requirió que el proceso fuera declarado como asunto complejo, en función de la cantidad de hechos investigados, los diez legajos acumulados y la pluralidad de víctimas. Además, pidió la prórroga de la prisión preventiva por cinco meses.
Para ello sostuvo que persisten los riesgos procesales que motivaron el encarcelamiento preventivo del imputado. Señaló que el hombre registra una condena previa, afronta múltiples imputaciones por delitos contra la propiedad y, especialmente, que durante el proceso se fugó en dos oportunidades mientras cumplía medidas de coerción.
La fiscal también explicó que el Ministerio Público Fiscal mantuvo conversaciones con todas las personas damnificadas y aguardó el resultado de esas gestiones con el objetivo de alcanzar una solución consensuada.
La decisión del juez
Tras escuchar a las partes, el juez hizo lugar al planteo para que la causa continúe bajo el trámite de asunto complejo al considerar que la cantidad de hechos, legajos y víctimas justifica ese encuadre procesal.
Respecto de la prisión preventiva, el magistrado coincidió con la fiscalía en que subsisten los riesgos procesales, en particular el peligro de fuga, aunque resolvió extender la medida por dos meses, hasta el 30 de septiembre, en lugar de los cinco solicitados.
Además, ordenó que la Oficina Judicial otorgue carácter prioritario a la fijación de la audiencia de control de la acusación y requirió que la defensa informe a la fiscalía, a la mayor brevedad posible, si continuará ejerciendo la asistencia técnica del imputado o si será reemplazada.
