La causa que durante meses sacudió al sistema de salud de Río Negro dio un paso decisivo. La Justicia Federal finalmente le formuló cargos a Mariela Fernanda Marzano, la mujer acusada de haber falsificado un título universitario y otra documentación para obtener la matrícula profesional y ejercer como médica clínica durante casi seis años en distintos centros de salud de la provincia. El juez federal Hugo Greca formalizó la investigación preparatoria, mientras que la Fiscalía le atribuyó seis hechos vinculados al presunto ejercicio ilegal de la medicina, la usurpación de título y el uso de documentación falsa.
La audiencia realizada en los Tribunales Federales de Roca marcó un punto de inflexión en un expediente que había atravesado meses de investigación y hasta una discusión sobre qué fuero debía llevar adelante la causa. La Justicia Federal terminó concentrando toda la investigación al entender que el presunto uso de documentación pública falsificada excedía el ámbito provincial. Con esa definición resuelta, la Fiscalía avanzó ahora con la formulación formal de cargos.
Según expuso el fiscal federal Matías Zanona, la acusación sostiene que Marzano ejerció como médica clínica entre el 13 de agosto de 2020 y el 3 de marzo de 2026 sin contar con un título habilitante. Durante ese período, siempre de acuerdo con la investigación, atendió pacientes en el Hospital Francisco López Lima, Clínica Roca, el Sanatorio Juan XXIII y también en el consultorio externo Siron, donde desarrolló tareas como cualquier profesional matriculada.
Pero la acusación va mucho más allá del supuesto ejercicio ilegal de la medicina. Para la Fiscalía, el punto de partida de toda la maniobra fue la documentación presentada para obtener la matrícula profesional provincial. Los investigadores sostienen que el 13 de agosto de 2020 entregó una resolución falsificada del Ministerio de Educación junto con otra documentación que contenía firmas apócrifas, incluida una certificación vinculada con la Universidad Nacional del Comahue.
Mientras la Fiscalía detallaba la imputación, Marzano optó por guardar silencio. Siguiendo la estrategia de su defensor, Oscar Pineda, se abstuvo de declarar durante toda la audiencia, una posibilidad prevista por la legislación procesal.
A lo largo de la audiencia también se conocieron los principales elementos de prueba que, según el Ministerio Público Fiscal, respaldan la acusación. Entre ellos aparece un informe remitido por la Universidad de Los Andes, de Venezuela, documentación que indicaría que el folio correspondiente al supuesto diploma pertenece en realidad a otra persona, la resolución apócrifa utilizada para la convalidación del título y una certificación de la Universidad Nacional del Comahue donde consta que Marzano solamente completó el 49,60% de la carrera de Medicina e, incluso, figuraba inscripta para seguir cursando este mismo año.
Además, los fiscales incorporaron las actas de los allanamientos realizados en los distintos establecimientos sanitarios donde trabajó, la documentación secuestrada durante esos procedimientos, entrevistas con autoridades médicas, informes de la Dirección Nacional de Migraciones que, según la acusación, demuestran que la médica trucha, que dijo que se había recibido en Venezuela, que nunca ingresó a ese país, y documentación que acredita su inscripción en la carrera de Ingeniería Química durante 2022, donde no registró materias aprobadas.
Otro dato relevante revelado durante la audiencia fue cómo comenzó a desmoronarse la maniobra investigada. De acuerdo con la exposición de Zanona, fueron las propias autoridades de Clínica Roca quienes detectaron las primeras inconsistencias en la documentación presentada por la profesional. Esa sospecha inicial terminó activando una cadena de actuaciones que derivó en la denuncia del Ministerio de Salud de Río Negro, allanamientos, pedidos de informes a organismos nacionales e internacionales y, finalmente, en la investigación penal que hoy quedó formalmente abierta en la Justicia Federal.
Aunque continuará el proceso en libertad, Marzano deberá cumplir estrictas medidas cautelares. Deberá informar cualquier cambio de domicilio, presentarse semanalmente ante la Policía Federal Argentina, someterse a controles telefónicos periódicos y tendrá prohibido salir de Río Negro o del país. También continuará retenido su pasaporte.
En cambio, el juez Greca resolvió dejar sin efecto algunas de las restricciones que pesaban sobre la imputada. Ordenó retirarle la tobillera electrónica, dispuso la devolución de su documento nacional de identidad y levantó la inhibición general de bienes al considerar que, hasta el momento, no existen demandas civiles promovidas por particulares o instituciones de salud.
