El profesor de 28 años del club neuquino Unión Vecinal, acusado de delitos contra la integridad sexual de menores, continuará en prisión preventiva luego de que un juez rechazara el pedido de la defensa para otorgarle prisión domiciliaria. La decisión judicial se fundamenta en que el imputado no respetó las medidas cautelares impuestas al inicio de la investigación, que le prohibían acercarse y comunicarse con los adolescentes involucrados.
La abogada querellante de una de las familias, doctora Celina Fernández, habló con La Primera Mañana por AM550 brindó explicaciones.
"La defensa no pidió prisión domiciliaria, sino directamente la libertad del imputado. Nosotros sostuvimos que incluso con prisión domiciliaria se pondría en riesgo la investigación, y nos dieron la razón. Coincidieron la Fiscalía, la defensoría de los derechos del niño y todas las partes involucradas”, precisó.
Actualmente, Darío Mendoza permanece alojado en una comisaría y este jueves se realizará una audiencia de revisión ante tres jueces.
Fernández destacó que “son todos hechos distintos, pero sucedidos en un mismo contexto. Por eso le confirmaron la prisión preventiva: siendo abogado, sabía cuáles eran las medidas que debía cumplir y las violó, acercándose y comunicándose con los jugadores del club”.
Según la querellante, el imputado “los veía igual, les escribía y se comunicaba con ellos”, a pesar de las restricciones impuestas.
El 15% de los dispositivos digitales fue peritado
Los allanamientos realizados en su vivienda y en su estudio jurídico permitieron secuestrar 54 dispositivos digitales, entre computadoras, notebooks y celulares. Fernández indicó que “recién fueron peritados el 15% de lo secuestrado; falta mucho, pero sí hay evidencias”.
La complejidad de la investigación radica, según la abogada, en que los testigos clave son adolescentes de 14 a 15 años. “No es fácil para ellos asumir estas situaciones; incluso para adultos es difícil. Por eso, la ESI y la educación sobre cuidado del propio cuerpo son fundamentales, para que puedan denunciar cualquier situación que les resulte incómoda o violenta, aunque no estén seguros si constituye un delito”, agregó.
El caso también incluye otras investigaciones vinculadas, como estafas contra algunos padres, aunque Fernández aclaró que “la causa de abuso y la de estafa son independientes, aunque algunas evidencias sirven para ambas”. La toma de testimonios a través de cámaras Gesell, destinada a menores hasta 16 años, forma parte de las pruebas que se están analizando.
Por ahora, lo que se discute es exclusivamente la medida de coerción. La prisión preventiva seguirá vigente mientras avanza la investigación y se recopilan más evidencias y testimonios clave.
