La jueza de garantías, María Gadano impuso medidas cautelares contra el docente Marcos Fattorello en el contexto de una causa por hostigamiento y amenazas. La resolución establece la prohibición de acercamiento a menos de 30 metros, la prohibición de contacto y la restricción de publicar imágenes o referencias en redes sociales hacia una docente, un trabajador no docente y dos estudiantes del Instituto Universitario Patagónico de las Artes (IUPA).
La Fiscalía respaldó el pedido de restricciones formulado por la querella, representada por los abogados Martín Palumbo y Milton Díaz. En la audiencia se expusieron algunas de las múltiples agresiones atribuidas a Fattorello, tanto físicas como digitales, dirigidas contra cuatro denunciantes y contra el conjunto de estudiantes, docentes y no docentes de la institución.
Los denunciantes señalaron además el accionar de Fattorello, al que calificaron como fascista, tendiente a impedir la organización y la lucha de la comunidad universitaria. Vincularon estas conductas con el fraude electoral denunciado en la elección de autoridades del IUPA, lo que generó un clima de tensión institucional.
También se mencionaron antecedentes de incursiones en otras universidades públicas, incluyendo intentos de copamiento por la fuerza y agresiones con armas no letales a estudiantes de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, hechos que fueron incorporados como parte del contexto de la denuncia.
Tras escuchar los planteos, la jueza Gadano resolvió imponer medidas cautelares: la prohibición de acercamiento a menos de 30 metros de los denunciantes, la prohibición de subir imágenes o videos en redes sociales que los mencionen o hagan referencia a ellos, y la prohibición de contactarse de cualquier modo con las víctimas.
La resolución fue considerada un paso importante para preservar la integridad física y psíquica de los denunciantes y de la comunidad educativa, además de constituir un freno a las conductas atribuidas al docente. La audiencia se interpretó como un avance en la defensa de la educación pública y en la protección de los derechos de estudiantes y trabajadores del ámbito universitario.
