Finalmente Axel Adrián "Chinito" Araneda fue condenado a 3 años y 3 meses de prisión efectiva por el choque en la Ruta 22 que mató a cuatro integrantes de una familia de Catriel. El hombre que ya tenía una condena por narcotráfico reconoció su responsabilidad en un juicio abreviado, evitó enfrentar un juicio oral y recibió una pena que, por su condición de reincidente y la aplicación del artículo 14 del Código Penal, no le permitirá acceder a la libertad condicional. También fue inhabilitado durante seis años para conducir. A casi un año de aquella tragedia, la Justicia cerró el expediente con una sentencia que deja varios interrogantes sobre la respuesta penal frente a semejante desastre.
La resolución se conoció este jueves al mediodía, durante una audiencia encabezada por el juez Maximiliano Camarda. Araneda llegó a esa instancia después de aceptar un acuerdo entre la Fiscalía, la querella y su defensa. Ya no había discusión sobre su responsabilidad: el propio acusado había reconocido el hecho y aceptado la pena. Los familiares de las víctimas siguieron la lectura de la sentencia por videoconferencia. La querella, representada por Marcelo Hertzriken Velazco, había prestado conformidad con el acuerdo y explicó que la familia buscaba cerrar una etapa judicial sin volver a exponerse a un debate extenso sobre aquella mañana que les cambió la vida para siempre.
Pero detrás de esos tres años y tres meses hay una historia que Mejor Informado viene contando desde el primer día. Araneda no era un desconocido para los investigadores ni un conductor que apareció circunstancialmente en una tragedia vial. El "Chinito" tenía antecedentes en el mundo del narcotráfico regional y una condena federal de cinco años de prisión efectiva dictada en 2019 por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización. Aquella investigación lo había ubicado dentro de una estructura que operaba en Allen, Cipolletti y otras localidades del Alto Valle. Su apellido también había aparecido en la causa que investigó a su familia por el movimiento de cientos de kilos de marihuana. En 2016, sus padres fueron detenidos en un procedimiento en el que se secuestraron 844 kilos de esa droga.
Su exposición pública, los vehículos de alta gama y los antecedentes judiciales formaron parte de las primeras investigaciones periodísticas sobre su figura. Por eso, cuando el 21 de noviembre de 2025 se conoció que era el conductor de la Volkswagen Amarok V6 que había protagonizado el choque fatal en Allen, el caso adquirió una dimensión que excedió largamente un siniestro vial. La historia del hombre que estaba al volante comenzó a ocupar tanto espacio como la propia reconstrucción de la tragedia.
Aquella mañana, cerca de las 7, Araneda circulaba por la Ruta Nacional 22, a la altura del kilómetro 1204. Según la reconstrucción presentada por la Fiscalía, la Amarok viajaba a unos 170 kilómetros por hora cuando embistió desde atrás a una Ford EcoSport que estaba detenida sobre la calzada. Su conductor, Justo Pastor Gutiérrez, había descendido para acomodar el equipaje que llevaban sobre el techo. La familia viajaba a Las Grutas desde Catriel. El impacto desplazó la EcoSport 27,40 metros y desató un incendio que convirtió el vehículo en una trampa mortal.
Adentro quedaron Liliana Cocuzza, su hija Karina Gutiérrez Cocuzza y los dos pequeños, Luisina Pilar y Thiago Gutiérrez Fluxa. Ninguno pudo sobrevivir. Justo Pastor Gutiérrez, que estaba fuera del habitáculo, fue el único que salió con vida, aunque perdió a su esposa, a su hija y a sus dos nietos en cuestión de segundos. Una familia entera quedó destruida sobre la ruta mientras el conductor de la Amarok comenzaba a transitar otro capítulo de su historia judicial.
La investigación también puso bajo la lupa las condiciones en las que manejaba Araneda. La reconstrucción fiscal estableció que tenía 0,94 gramos de alcohol por litro de sangre. Los análisis toxicológicos, en cambio, no detectaron estupefacientes. La alcoholemia acreditó que había consumido alcohol, aunque no alcanzó el umbral de un gramo previsto para aplicar ese agravante específico del Código Penal. La acusación que finalmente aceptó fue por homicidio culposo agravado por la cantidad de víctimas fatales y el exceso de velocidad. La Fiscalía tampoco logró acreditar que hubiera utilizado el teléfono celular mientras conducía, pese a que ese elemento había formado parte de las primeras líneas de investigación.
Sin embargo, el recorrido judicial estuvo lejos de ser sencillo. Durante meses, la defensa intentó modificar las condiciones de detención, pidió la libertad, propuso la prisión domiciliaria y hasta ofreció la utilización de una tobillera electrónica. En el medio, el Chinito estuvo al frente de un intento de revuelta en la Comisaría 3° donde estaba detenido y fue trasladado a la ex Alcaidía. Los planteos fueron rechazados y Araneda permaneció detenido con prisión preventiva. En el medio también hubo cuestionamientos sobre las pericias de velocidad, discusiones por los resultados toxicológicos y decisiones judiciales que mantuvieron al acusado tras las rejas mientras la causa avanzaba hacia el juicio oral. Todo parecía encaminarse a un debate público, pero la negociación entre las partes terminó cambiando el desenlace.
No saldrá en libertad
El miércoles, el acuerdo abreviado permitió evitar ese juicio. Araneda reconoció su responsabilidad, aceptó una calificación legal menos grave que la acusación original y acordó una pena de tres años y tres meses de prisión efectiva. La familia de las víctimas acompañó la propuesta y el tribunal la consideró admisible. Un día después llegó la sentencia definitiva. Pero hay un detalle jurídico que cambia la lectura sobre el futuro del condenado: la Justicia declaró su primera reincidencia por el antecedente federal y, por aplicación del artículo 14 del Código Penal, no podrá acceder a la libertad condicional. No se trata solamente de una pena de cumplimiento efectivo en el papel: esa condición le impide obtener ese beneficio para salir anticipadamente de prisión.