Un violento episodio de crueldad animal sacude a Cipolletti: la Justicia formuló cargos contra un hombre acusado de matar de un golpe en la cabeza a la perra de su vecina, en un hecho ocurrido el 18 de septiembre de 2025 en el barrio 4 de Agosto. La acusación es por maltrato animal, y deberá enfrentar ahora una investigación penal que podría derivar en una condena.
De acuerdo a la acusación presentada por la fiscal del caso, todo ocurrió en horas de la tarde, cuando la perra, una American Bully Pocket de 8 años llamada “Bella”, asomó su cabeza a través de un agujero en la malla sima que separaba ambos terrenos. Fue en ese momento cuando, lejos de ahuyentarla o dar aviso, el hombre reaccionó de la peor manera.
Según la reconstrucción judicial, el imputado tomó un elemento contundente y le asestó un golpe directo en la cabeza. La agresión fue tan brutal que le provocó una grave lesión: una luxación cervical con traumatismo que terminó generando una obstrucción de las vías aéreas por aspiración de fluidos.
El desenlace fue irreversible. Siempre según el informe pericial de necropsia realizado por un médico veterinario, una pieza clave en la causa, el cuadro derivó en una asfixia que terminó con la vida del animal. Es decir, no se trató de un golpe aislado sin consecuencias, sino de una acción directa que desencadenó la muerte.
En este contexto, la fiscalía avanzó con la imputación bajo la figura de crueldad animal, contemplada en el artículo 3, inciso 7 de la ley 14.346. La acusación señala al hombre como autor del hecho, en una conducta que encuadra claramente dentro de los actos de maltrato extremo sancionados por la normativa vigente.
Por su parte, el defensor oficial que asiste al imputado no cuestionó ni los hechos ni la calificación legal, un dato que no pasa desapercibido en esta etapa inicial del proceso y que podría marcar el rumbo de la causa en las próximas semanas.
Finalmente, la jueza de Garantías dio por formulados los cargos y habilitó la apertura de la investigación penal preparatoria, que tendrá un plazo de cuatro meses. Durante ese tiempo, se profundizarán las pruebas y se definirá si el caso avanza hacia una instancia de juicio.
