El Ministerio Público Fiscal de Neuquén (MPF) de Neuquén avanzó con la formulación de cargos contra un grupo de personas integrantes de una comunidad mapuche, a quienes se les atribuye haber turbado la posesión de un inmueble rural en Añelo, el corazón de Vaca Muerta, mediante amenazas y bloqueos que paralizaron la actividad minera en el lugar. La acusación fue presentada por el fiscal jefe Pablo Vignaroli y la asistente letrada Tanya Cid, quienes además solicitaron la imposición de medidas de coerción para evitar que los hechos se repitan.
Cómo fue el bloqueo: amenazas, vehículos atravesados y acceso cerrado
De acuerdo con la investigación, el 24 de enero de 2026 cerca del mediodía, un grupo de personas ingresó a una cantera de una zona rural de Añelo y bloqueó el acceso principal. Según la Fiscalía, en ese contexto interceptaron a trabajadores que se dirigían a iniciar tareas de explotación, les impidieron el ingreso y los amenazaron con dañar e incluso incendiar sus vehículos.
Para concretar el bloqueo, los miembros de la comunidad mapuche colocaron camionetas sobre el camino, lo que obligó a los operarios a retirarse sin poder desarrollar sus tareas.
Más de un mes de ocupación y pérdidas económicas
La ocupación, siempre según la acusación, se extendió hasta el pasado 5 de marzo. Durante ese período, los imputados habrían permanecido en el predio con estructuras precarias y un sistema de relevo entre personas, impidiendo de manera constante el acceso del propietario.
Desde la Fiscalía señalaron que esta situación generó un perjuicio económico significativo, ya que la cantera no pudo ser explotada durante más de un mes, es decir, el tiempo que duró la ocupación. El caso es investigado por el equipo de Delitos Económicos, encabezado por la fiscal Rocío Rivero junto a la agente Aylinne Mora Marcos. Rivero y Mora Marcos reunieron como evidencia denuncias, testimonios, actas policiales, registros audiovisuales y documentación sobre la titularidad del inmueble.
Medidas cautelares: prohibición de bloqueos y contacto con el denunciante
Durante la audiencia, el MPF solicitó que los imputados se abstengan de realizar cualquier acto que afecte la posesión del predio, que no bloqueen caminos ni accesos y que tampoco mantengan contacto con el denunciante ni con personas vinculadas a la actividad.
Por su parte, la defensa rechazó la acusación, se opuso a las medidas cautelares e intentó recusar a la jueza interviniente, planteo que fue finalmente desestimado.
Qué resolvió la jueza: cargos formulados y cuatro meses de investigación
La jueza de garantías Carina Álvarez tuvo por formulados los cargos por el delito de turbación de la posesión, en carácter de coautores, aunque descartó el agravante vinculado a la participación de menores de edad al considerar que su presencia fue incidental.
Además, la magistrada fijó un plazo de cuatro meses para la investigación y dispuso medidas de coerción por ese mismo período. En concreto, les ordenó a los imputados no realizar bloqueos ni actos de turbación y les prohibió cualquier tipo de contacto con el denunciante, su familia y trabajadores.
Finalmente, Álvarez rechazó el pedido de la defensa para la devolución de un vehículo secuestrado y para dejar sin efecto órdenes sobre otros rodados, al considerar que podrían ser decomisados en caso de una eventual condena.
