El juez federal de General Roca, Hugo Greca, procesó a Lautaro Hernán Lobos y consideró que existen elementos suficientes para responsabilizarlo por el suministro de las sustancias que, combinadas con alcohol, provocaron la muerte de Teo Vázquez, el joven de 19 años y nieta del histórico dirigente de UnTER, Aurelio Vázquez. Quedó procesado por homicidio simple con dolo eventual y suministro gratuito de estupefacientes, además de falsificación de recetas médicas y tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.
La resolución de Greca fue dictada el pasado lunes y representa uno de los avances judiciales más importantes desde aquella madrugada del 31 de enero de 2024, cuando Teo fue encontrado sin vida en el departamento donde vivía Lobos sobre la calle España de Roca. Más de dos años y medio después, la Justicia Federal dio un paso determinante y ubicó al joven en el centro de la investigación por la muerte.
El procesamiento, sin embargo, no implica una condena. El juez entendió que existen elementos suficientes para sostener, con el grado de probabilidad que corresponde a esta instancia, que Lobos le suministró a Teo sustancias psicotrópicas y opioides que, junto con alcohol, provocaron una depresión respiratoria y posteriormente su muerte. La pericia toxicológica detectó etanol, codeína y tramadol en las muestras analizadas.
Y justamente allí aparece una de las claves de la resolución. El informe médico forense estableció que la muerte se produjo por congestión y edema pulmonar y vinculó ese cuadro con la disminución del estado de conciencia y la depresión respiratoria provocadas por la acción conjunta del alcohol y los opioides. Para Greca, la evidencia reunida permite sostener que las sustancias fueron sido suministradas por Lobos en una cantidad no determinada, pero suficiente para desencadenar el desenlace fatal.
Además, las cámaras de seguridad adquirieron un papel central. Los registros muestran a Teo ingresando al complejo habitacional antes de las 22 del 29 de enero y posteriormente saliendo y regresando junto a Lobos. El dato tomó especial relevancia después de que el imputado, durante su declaración de marzo, negara haberle entregado las sustancias y sostuviera que Teo ya había consumido antes de llegar a su departamento. La querella había cuestionado esa versión y señalado que las filmaciones, testimonios y pericias reunidas durante la investigación apuntaban en otra dirección.
Pero la causa nunca se limitó a investigar qué ocurrió con Teo durante sus últimas horas. En el departamento donde fue encontrada muerta también aparecieron numerosos medicamentos, blísteres vacíos de psicofármacos, recetas electrónicas a nombre de terceros, carnets de afiliados a PAMI y documentación vinculada con la compra de medicamentos. La investigación terminó incorporando una segunda línea: la falsificación de recetas y comercialización de sustancias de acceso restringido.
Esta falsificación de recetas y la venta de medicación terminó llevando el caso al fuero federal y, con el tiempo, ambas investigaciones quedaron reunidas. En marzo de este año, Lobos fue indagado nuevamente y el fiscal federal Matías Zanona pidió que fuera procesado por los cuatro delitos que finalmente fueron contemplados por Greca: homicidio simple con dolo eventual, suministro gratuito de estupefacientes, falsificación de recetas médicas y tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.
Mientras tanto, la familia de Teo nunca dejó de señalar un antecedente que ahora vuelve a aparecer en el recorrido de la causa. El 24 de enero de 2024, apenas una semana antes de la muerte de su hijo, Natalia Vázquez había acudido al Ministerio Público Fiscal para advertir sobre Lobos y la situación que atravesaba Teo. Según relató públicamente, pretendía denunciar la presunta venta de psicofármacos y alertar sobre el riesgo que veía para su hija. Siete días después, apareció muerto en el departamento de Lobos.
La advertencia previa incluso derivó en un reclamo judicial de la familia contra el Estado provincial que aún no tiene resolución, aunque el Minsiterio Público sancionó a las funcionarias de la fiscalía de turno que perdieron la denuncia y no accionaron. Paralelamente, el conflicto por la competencia entre la Justicia provincial y la Federal llegó hasta la Corte Suprema de Justicia de la Nación, hasta que las actuaciones terminaron concentrándose en el fuero federal.
Ahora, con el procesamiento, la investigación entra en otra etapa. Greca no ordenó la prisión preventiva y Lobos continuará en libertad, aunque con restricciones: deberá mantener actualizado su domicilio y teléfono, no podrá salir de Río Negro ni del país sin autorización judicial y tendrá que presentarse todos los martes y jueves ante la Policía Federal. Además, el juez ordenó un embargo de $20 millones sobre sus bienes.
La resolución marca así un punto de inflexión en una causa que durante más de dos años y medio estuvo atravesada por reclamos, pericias, cruces de competencia y pedidos de avance. Lo que en marzo era una acusación fiscal contra Lobos por haberle suministrado las sustancias a Teo, ahora se convirtió en una decisión del juez federal que considera que hay elementos para atribuirle, provisoriamente, esa conducta y su relación con la muerte de la joven.
