La familia de Teo Vázquez, nieto del dirigente docente Aurelio Vázquez, presentó una demanda civil contra la Provincia de Río Negro por responsabilidad del Estado en la muerte del joven, ocurrida en enero de 2024 en General Roca. Acusan al Ministerio Público Fiscal de haber cometido una cadena de omisiones que impidieron actuar a tiempo para protegerlo y evitar la muerte por sobredosis.
El reclamo judicial denuncia irregularidades en el funcionamiento del sistema de acceso a la justicia y de atención a víctimas de delitos. El caso involucra a funcionarios judiciales, una denuncia extraviada durante días y la trágica muerte de un joven vulnerable, nieto del referente sindical docente.
Todo comenzó el 24 de enero de 2024, cuando la madre de Teo se presentó desesperada en la Fiscalía N.º 6 de Roca. Llevaba consigo información precisa y alarmante: su hijo se encontraba en una situación de riesgo extremo, con antecedentes de consumo problemático, problemas de salud mental, y bajo la influencia directa de Lautaro Hernán Lobos, a quien señaló por ofrecerle mezclas peligrosas de psicofármacos y opioides. Incluso denunció falsificación de recetas médicas.
A pesar de la urgencia, el fiscal de turno le negó la posibilidad de dejar asentada una denuncia formal. Le indicó que “no era tema de feria judicial” y que debía presentar un escrito. Finalmente, horas después, la denuncia fue entregada sin su firma y quedó registrada de forma incompleta.
Peor aún: nadie notificó a las fiscales a cargo y el documento quedó extraviado en las oficinas del Ministerio Público durante una semana entera.
El 31 de enero, cuando finalmente recuperaron la denuncia, la tragedia ya se había consumado. Teo fue hallado muerto en la vivienda de Lobos, en avanzado estado de descomposición, con blister de medicamentos y restos de una sustancia blanca a su alrededor. La autopsia concluyó que la causa de muerte fue una congestión y edema pulmonar bilateral, compatibles con una sobredosis de metanfetamina.
La familia denunció una “cadena institucional de desprotección” y sostuvo que el Estado tenía los medios y la obligación legal de intervenir para evitar el desenlace.
Según la demanda, la inacción judicial frustró la posibilidad de activar mecanismos de contención y protección que podrían haber salvado la vida del joven. El escrito legal invoca la Ley Nacional N.º 27372, que establece derechos específicos para las víctimas, y la Ley Provincial N.º 4199, que impone al Ministerio Público Fiscal el deber de brindar asistencia adecuada y oportuna. También se citan las Reglas de Brasilia, que priorizan la atención a personas en situación de vulnerabilidad.
Tras conocerse los hechos, el Ministerio Público abrió una investigación interna. Un agente judicial y una fiscal fueron sancionados por su actuación irregular en el manejo de la denuncia. Sin embargo, la actuación de una funcionaria de mayor jerarquía fue archivada, lo que generó malestar y desconfianza en la familia.
El escrito reclama una reparación integral por daño psicológico, moral y por la afectación al proyecto de vida, y busca dejar un precedente sobre la responsabilidad del Estado en casos donde hay información clara de riesgo y no se actúa a tiempo.
Mientras la causa penal por la muerte de Teo sigue su curso, la semana pasada la Justicia otorgó la libertad bajo estrictas medidas cautelares a Lautaro Hernán Lobos, en cuya vivienda ocurrió el hecho. También se evalúa si el expediente debe pasar al fuero federal, por tratarse de un posible caso de tráfico y suministro de drogas.