Una mujer quiso recuperar la parte trasera de un terreno de su propiedad, donde su hijo y su nuera habían construido una vivienda y residido durante más de dos décadas. La Justicia reconoció su derecho sobre el inmueble, aunque también ordenó que les pagara más de 21 millones de pesos por la construcción que la pareja realizó con recursos propios.
La disputa llegó a los tribunales después de años de convivencia en el mismo lote y tuvo como eje determinar si el paso del tiempo y la construcción de una vivienda podían otorgarle a la pareja derechos sobre esa parte del inmueble. Tanto la jueza civil María Eliana Reynals como luego la Sala III de la Cámara de Apelaciones concluyeron que no se había acreditado una posesión con ánimo de dueños que permitiera adquirir el terreno por usucapión.
La disputa familiar por el terreno
Durante el proceso, el hijo y su pareja sostuvieron que se habían instalado en el lugar en 1999, cuando el sector trasero del terreno prácticamente no estaba construido. Según plantearon, levantaron allí su vivienda con dinero propio, contrataron trabajadores y convirtieron ese espacio en su hogar durante más de 20 años.
La pareja argumentó que había ejercido una posesión pública y pacífica y que el tiempo transcurrido les permitía reclamar la propiedad de esa parte del lote mediante la figura de la usucapión. El Código Civil y Comercial establece que la prescripción adquisitiva permite adquirir un derecho real sobre un bien a partir de la posesión durante el tiempo que fija la ley.
La propietaria, en cambio, explicó que había permitido que su hijo y su nuera se instalaran en el fondo como una forma de ayudarlos y evitarles el pago de un alquiler. El inmueble, además, permanecía inscripto exclusivamente a su nombre.
La construcción no alcanzó para acreditar la propiedad
La Justicia consideró que la realización de obras y el paso de los años no eran suficientes, por sí solos, para demostrar que la pareja había adquirido derechos de propiedad sobre el terreno. Para que prosperara el planteo de usucapión, debían acreditar que habían comenzado a ejercer una posesión en carácter de dueños frente a la titular registral.
La Cámara destacó que la construcción de la vivienda constituía un acto material relevante, pero señaló que había sido realizada dentro de una relación familiar y con autorización de la propietaria. También descartó que el hecho de que los servicios estuvieran a nombre de la pareja fuera suficiente para demostrar el dominio sobre la propiedad.
En ese sentido, el tribunal concluyó que no se había probado “una posesión excluyente y con ánimo de dueño”, sino “la existencia de un acuerdo de tolerancia y convivencia familiar”. La Sala III, integrada por Laura Marcela Serrano y Cecilia Pamphile, confirmó así la decisión de primera instancia.
La madre deberá pagar por la vivienda
Aunque la Justicia reconoció el derecho de la propietaria a recuperar la posesión de la parte trasera del terreno, también consideró acreditado que su hijo y su nuera habían financiado la construcción de la vivienda. Por ese motivo, Reynals ordenó que la mujer les abonara más de 21 millones de pesos en concepto de las mejoras realizadas, de acuerdo con la valuación incorporada al expediente.
“La prueba producida confirma el derecho de dominio invocado sobre la totalidad del inmueble y por consiguiente su derecho a reivindicar la posesión sobre la fracción cuya tenencia se encuentra en poder de los accionados”, sostuvo la jueza.
Al mismo tiempo, la magistrada puso el foco en la necesidad de evitar que la resolución profundizara el conflicto familiar y pidió avanzar hacia una “pacificación del conflicto”. En esa línea, instó a las partes y a los organismos públicos involucrados a colaborar para facilitar la restitución efectiva del inmueble y el cumplimiento de las obligaciones fijadas por la Justicia.
La Cámara confirmó íntegramente el fallo de primera instancia, por lo que la propietaria podrá recuperar la parte del terreno ocupada por su hijo y su nuera, pero deberá afrontar el pago correspondiente a la vivienda construida por la pareja. El caso resolvió así un conflicto familiar que se había extendido durante más de 20 años y en el que la Justicia diferenció entre el derecho a recuperar la propiedad y el reconocimiento económico de las mejoras realizadas.
