La muerte de una nena de apenas seis años en el hospital Artémides Zatti de Viedma sigue generando conmoción y dolor. Ahora, en el marco de la causa penal por homicidio culposo, la Justicia resolvió concederle la suspensión de juicio a prueba a la médica pediatra acusada de haber cometido un grave error de diagnóstico. Como parte del acuerdo, deberá cumplir trabajo comunitario, realizar capacitaciones obligatorias y afrontar una millonaria indemnización para la familia de la víctima.
Según sostuvo el bloque acusatorio integrado por la Fiscalía y la querella privada, la profesional habría actuado “con impericia” al decidir el alta médica precoz de la niña pese a que presentaba señales de alarma. De acuerdo con la acusación, el 12 de junio de 2023 la médica no profundizó el diagnóstico, omitió indicar antibióticos y permitió que la pequeña regresara a su casa sin el tratamiento adecuado. Horas después, la menor murió. El caso derivó en una investigación penal por homicidio culposo que avanzó hasta una audiencia oral y pública realizada el pasado 12 de mayo.
La pediatra participó de manera virtual desde Tierra del Fuego, provincia donde reside actualmente. Durante la audiencia, el abogado querellante explicó que el delito imputado prevé una pena en suspenso y que, debido a la ausencia de antecedentes penales, era viable aplicar una salida alternativa. Sin embargo, la familia exigió condiciones estrictas para evitar que el caso quedara impune.
Entre las medidas impuestas, la profesional deberá fijar domicilio y permanecer bajo control del Patronato de Presos y Liberados durante dos años. Además, tendrá que realizar un curso de medicina familiar de al menos un año de duración y acreditar 200 horas de trabajo comunitario. También deberá afrontar, junto a su aseguradora, una indemnización económica acordada con los padres de la niña.
Desde la Fiscalía respaldaron el acuerdo. “Se trabajó con especialistas para determinar el tipo de formación que necesitaba”, explicaron durante la audiencia, donde también se destacó el interés social detrás de las tareas comunitarias impuestas. Finalmente, el juez consideró que estaban cumplidos todos los requisitos legales para otorgar la suspensión de juicio a prueba y homologó el acuerdo por el plazo de dos años.
