La pediatra Norellys María de Rosario Amaya Sosa volvió a quedar en el ojo de la tormenta judicial, este lunes se reformularon los cargos en su contra, tras nuevas pericias que la mantienen imputada por homicidio culposo e incumplimiento de sus deberes como funcionaria pública. El caso, que conmociona a Viedma y expone las fallas del sistema de salud, gira en torno a la muerte de Olivia Isabella, una niña de apenas 6 años que ingresó al Hospital Zatti con problemas respiratorios y terminó falleciendo semanas después.
La última audiencia, realizada vía Zoom, estuvo presidida por la jueza Georgina Amaro Piccinini. Allí, la fiscal Paula De Luque explicó que, junto a la querella, prepara el terreno para el juicio oral y público. Antes de llegar a esa instancia, consideró necesario precisar términos surgidos de una ampliación pericial. El clima fue de máxima tensión: cada palabra reavivó el dolor de una familia que reclama justicia y la responsabilidad de una profesional que, según la acusación, desoyó las advertencias médicas.
El 12 de junio de 2023, Olivia Isabella ingresó a la guardia del Hospital Zatti con síntomas respiratorios graves. El médico generalista que la atendió recomendó su internación y estudios complementarios, sospechando neumonía. Sin embargo, Amaya Sosa decidió darle el alta. Esa decisión, calificada como “impericia” por la fiscalía, fue el inicio de una cadena fatal.
Ya en su casa, la niña empeoró rápidamente. Sus padres la llevaron nuevamente al hospital, pero los intentos por estabilizarla fracasaron. El desenlace fue devastador: Olivia murió el 15 de julio de 2023, dejando una herida abierta en la comunidad y un proceso judicial que no se detiene.
La reformulación de cargos mantiene dos hechos centrales. El primero: haber otorgado un alta precoz sin diagnóstico certero, sin radiografía ni tomografía, sin tratamiento eficaz ni receta de antibióticos. El segundo: haber omitido completar la historia clínica en dos atenciones previas, incumpliendo la ley de Derechos del Paciente.
La acusación es dura: se habla de negligencia, falta de protocolos y un incumplimiento que, según la fiscalía, vulneró derechos básicos de la niña. La jueza Amaro Piccinini resolvió mantener las calificaciones legales y aceptó extender el plazo de investigación hasta el 30 de diciembre. La decisión abre un nuevo capítulo en un expediente que promete un juicio oral cargado de testimonios, pericias y un debate público sobre la responsabilidad médica.
