La madre de una estudiante fue declarada penalmente responsable por amenazar a una docente y agredir físicamente a dos integrantes del equipo directivo del Instituto de Formación Docente N° 12 de Neuquén. En una audiencia realizada este miércoles 16 de septiembre, la Fiscalía pidió que cumpla un año y seis meses de prisión efectiva, mientras que la defensa solicitó seis meses de prisión de ejecución condicional.
La fiscal del caso, Lucrecia Sola, solicitó además que la mujer pague las costas del proceso. Para fundamentar el pedido, señaló que la acusada cuenta con una condena anterior, dictada en 2017, de un año y seis meses de prisión en suspenso.
La fiscal consideró como circunstancias agravantes la violencia desplegada dentro de una institución educativa durante el horario de clases y frente a alumnos y padres. También mencionó la multiplicidad de delitos y el daño psicológico provocado a las docentes.
Sola puso especial énfasis en el contexto en el que ocurrieron los hechos y sostuvo que “fueron cometidos en esta institución educativa que es a la que pertenecen sus hijas”. Además, planteó que la acusada tuvo posibilidades de adecuar su conducta a las normas y decidió no hacerlo.
“Es una persona que tiene los recursos para poder actuar correctamente y conforme a la ley, motivarse en la norma, tiene los medios para hacerlo y decidió no hacerlo”, afirmó la fiscal durante la audiencia.
Por su parte, la querella solicitó una pena de dos años y seis meses de prisión de cumplimiento efectivo, además de las accesorias legales, las costas del proceso y el mantenimiento de las medidas cautelares de protección para las víctimas. Entre sus argumentos, destacó la gravedad y extensión del daño psicológico y psiquiátrico que, según planteó, sufrieron las tres docentes, además de señalar la ausencia de un arrepentimiento genuino por parte de la acusada.
La defensa, en tanto, pidió seis meses de prisión de ejecución condicional, correspondiente al mínimo previsto. También solicitó que se declare la inconstitucionalidad del artículo 27 del Código Penal, con el objetivo de posibilitar una segunda condena en suspenso.
El juez deberá resolver los pedidos formulados por las partes dentro del plazo legal de 48 horas.
Los hechos ocurrieron en abril de 2025
La mujer fue declarada penalmente responsable como autora del delito de amenazas simples, en perjuicio de una docente, y como coautora de dos hechos de lesiones leves, en perjuicio de dos integrantes del equipo directivo del establecimiento, en concurso real.
La declaración de responsabilidad se produjo luego del juicio realizado en agosto. En aquella oportunidad, el juez Juan Guaita respaldó la teoría del caso presentada por la fiscal Sola y la asistente letrada Dolores Franco, junto con la querella.
Los hechos investigados ocurrieron el 21 y 22 de abril de 2025. El primer episodio se produjo durante una reunión en el establecimiento educativo, cuando la mujer amenazó a una docente.
Al día siguiente, regresó al establecimiento acompañada por otra persona y, según se estableció durante el proceso, agredió físicamente a la regente y a la subregente. Ambas integrantes del equipo directivo sufrieron lesiones como consecuencia de la agresión.
La identidad de la mujer no se informa con el objetivo de preservar a la adolescente menor de edad que asistía a la institución.
