Un hombre fue imputado por intentar robar una camioneta en Cinco Saltos con una familia en su interior, después de subir al vehículo de un repartidor mientras realizaba una entrega y amenazar a su esposa, quien estaba junto a sus dos nietos menores de edad. El acusado habría asegurado que tenía un arma para obligarla a bajar, pero el propietario del rodado intervino y, tras un forcejeo, consiguió frustrar el robo.
El episodio ocurrió el 19 de enero, alrededor de las 18:30, en Rivadavia al 500. Mientras el repartidor entregaba un pedido, el sospechoso aprovechó la situación para meterse en la Renault Kangoo. Dentro del vehículo se encontraba la esposa del trabajador junto a sus dos nietos, que quedaron en medio de una situación que rápidamente se volvió amenazante.
Armado y con una orden de captura vigente
Según la acusación presentada por la fiscal adjunta Daniela Ramírez, el hombre intimidó a la mujer asegurando que estaba armado y le exigió que descendiera. La maniobra, sin embargo, no salió como esperaba: el dueño de la camioneta reaccionó, se produjo un forcejeo y el intento de apoderarse del vehículo terminó siendo neutralizado.
Pero había otro dato que complicó todavía más la situación del acusado. Cuando fue detenido, tenía una orden de captura vigente por rebeldía, circunstancia que la Fiscalía utilizó como uno de los principales argumentos para pedir que permaneciera privado de su libertad. Para el Ministerio Público, ese antecedente mostraba un riesgo concreto de que intentara escapar de la Justicia.
La fiscal también puso sobre la mesa los antecedentes penales computables y la declaración de reincidencia que pesa sobre el imputado. En caso de recibir una nueva condena, la situación podría derivar en una pena de cumplimiento efectivo, otro elemento utilizado para sostener la necesidad de una medida cautelar más severa.
La defensa oficial, a cargo de Alfonsina Stular, no cuestionó los hechos ni la calificación legal planteada por la Fiscalía, pero sí rechazó la prisión preventiva. Como alternativa, propuso que el acusado recuperara la libertad bajo monitoreo mediante un dispositivo electrónico. Finalmente, la jueza de Garantías Amorina Sánchez Merlo tuvo por formulados los cargos, habilitó la etapa penal preparatoria por cuatro meses y ordenó que el acusado permanezca 15 días en prisión preventiva.
